Un total de 1.500 personas se han hecho con el escrito de paralización de embargos puesto por ADICAE a disposición de todos los consumidores en la web de su Plataforma Hipotecaria. En los dos meses que lleva en la web, numerosas personas han visitado la página para interesarse por el documento, que permite desde hoy mismo acudir al juzgado para abrir un proceso declarativo que analice la existencia de posibles cláusulas abusivas en el contrato hipotecario del deudor denunciado por su banco. El objetivo, frenar de inmediato el embargo y ver hasta qué punto son legítimas las exigencias de la entidad.

En este sentido, el Supremo y la propia Fiscalía han sido meridianamente claros en su posición frente al abuso a los consumidores. Según reza la sentencia del Alto Tribunal en la que falla la nulidad de las cláusulas suelo, “es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico, al extremo que el Ministerio Fiscal [….] se pronuncia en el sentido de que no procede reconocer efectos retroactivos a la nulidad de las cláusulas controvertidas”. En otras palabras, para el Tribunal Supremo y para la Fiscalía hay un abuso tan masivo y sobre tantos millones de familias que no procede acordar la corrección de las consecuencias de dicho abuso de los últimos 5 años. Para ADICAE, sin embargo, no sólo procede, sino que es absolutamente indispensable ese resarcimiento.

Esta sentencia, que ADICAE valora en la medida en que reconoce el abuso del conjunto del sector bancario en España pero que adolece de déficits e incoherencias como la señalada, será objeto de análisis en profundidad en la ronda de III Foros Hipotecarios que la asociación está celebrando por toda España, abiertos a toda organización y movimiento social y en los que participan expertos, representantes de instituciones públicas, juristas, organizaciones y movimientos sociales…

Estos foros, una nueva ronda de actos que ADICAE celebra en 22 ciudades españolas entre el 14 y el 30 de mayo, abordan las diferentes visiones y experiencias de los participantes para impulsar una acción unitaria colectiva, jurídica y social, frente a los desequilibrios que mantienen tanto la sentencia del Supremo como la fallida (por ineficaz) “Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios”, recién aprobada en sede parlamentaria y hoy publicada en el Boletín Oficial del Estado.

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