Hace prácticamente seis años 15.000 consumidores se unieron junto a una asociación de consumidores sin ánimo de lucro, ADICAE, para hacer frente a toda la banca de este país por un abuso hipotecario como la cláusula suelo que entonces nadie ponía en cuestión. Pero esta cláusula ha supuesto de media 3.000 euros anuales cobrados indebidamente a cada familia, múltiples ejecuciones hipotecarias y desahucios.
Muchas personas aún desconocen que son víctimas de la cláusula suelo: en la Plataforma de Afectados de Cláusula Suelo, ADICAE les ofrece información útil y les informa de las asambleas informativas que celebrará por toda España para explicar las consecuencias de la sentencia del tribunal europeo y les invita a apuntarse a la plataforma para recibir las últimas novedades.
El 7 de abril de 2016 la historia daba un giro: el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid fallaba a favor de la macrodemanda de ADICAE frente a 101 entidades (luego 42 tras la reestructuración del sector bancario). Reconocía el efecto extensivo de la sentencia para que cualquier ciudadano se pudiera beneficiar de lo conseguido: eliminación de la cláusula de todas las hipotecas y devolución de lo cobrado. Sin embargo, la restitución del dinero solo sería desde el 9 de mayo de 2013, y no desde el inicio de la hipoteca. ADICAE ha recurrido el fallo para mejorarlo y lograr la recuperación total, tal como dicen las leyes española y europea.
Y es que el juzgado madrileño no hizo más que aplicar la doctrina impuesta por el Tribunal Supremo cuando este se pronunció por primera vez sobre la cláusula suelo, en concreto las aplicadas por BBVA, Cajamar y Novacaixagalicia. Entonces el Supremo se saltó tanto el Código Civil español como la Directiva europea 93/13/CEE, que dejan bien claro que si una cláusula es declarada nula también han de anularse todos los efectos que haya provocado, por lo cual los ciudadanos deben recuperar todos sus ahorros y no solo una parte.
Precisamente esta incongruencia legal es uno de los abusos que pretende evitar en el futuro el pacto de Estado por la transparencia en la contratación que ADICAE acaba de presentar este 14 de diciembre. La asociación ha presentado al Gobierno de España y al conjunto de los partidos políticos una batería de más de 10 reformas legales basadas en la transparencia como control de legalidad de cualquier contrato que firme un consumidor y una empresa de cualquier sector.
EUROPA RESUELVE
La citada decisión del Supremo ha llevado a que jueces de primera instancia, en claro desacuerdo, pidan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronuncie. El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Granada rompió el fuego.
Ahora, el próximo 21 de diciembre el TJUE dirá si hay que devolver todo o desde mayo de 2013. Ese es el debate, no la nulidad de la cláusula suelo, algo más que reconocido por todos los órganos de justicia, incluido el Supremo español.
A favor de la devolución parcial están los bancos, el abogado general de la Unión Europea y el Gobierno español; y a favor de la devolución total, la Comisión Europea, los consumidores y ADICAE.
Las consecuencias de la macrodemanda de ADICAE están determinando el rumbo del mercado hipotecario. Desde el 7 de abril, las entidades han iniciado una campaña sin precedentes para convencer a sus clientes de que firmen unas modificaciones contractuales que, lejos de beneficiar al usuario, persiguen perpetuar los ingresos de la cláusula suelo con nuevas condiciones abusivas que ADICAE ya ha denunciado a las autoridades.
Entre los nuevos abusos para ‘canjear’ la cláusula suelo destaca el cambio del tipo variable –euríbor- por un tipo fijo. Con intereses fijos que ya superan el 3%, este resulta más caro que la suma del diferencial y el euríbor (en -0,074% en noviembre de 2016) escriturados en la hipoteca. Para ello se ‘atemoriza’ al cliente con una “pronta” y “segura” subida del euríbor. Otra variante es el cambio a una hipoteca de tipo mixto, es decir: durante los próximos 10 años, que es el tiempo que la banca estima que los tipos de interés permanecerán bajos, se impone un tipo fijo cercano al 3%; después, una vez que el euríbor haya subido, se cobra un tipo variable para pagar el diferencial (cercano al 3%) más el euríbor, toda una bomba de relojería.
EL PELIGRO DE FIRMAR OFERTAS DEL BANCO
A ello se suma la imposición al usuario de que renuncie a cualquier tipo de reclamación, es decir, la renuncia a recuperar los miles de euros que le debería devolver por la cláusula suelo. Pero la Ley General de Consumidores prohíbe este tipo de cláusulas y ADICAE está trabajando ya para dejar sin efectos este tipo de ‘pseudoacuerdos’ privados.
De hecho, esta práctica ha quedado en cuestión por varias sentencias, como la de marzo de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que confirmaba la nulidad de los acuerdos en los que los clientes renunciaban a demandar a la entidad –y a exigir lo pagado indebidamente- pese a que el cliente declarara haber sido informado sobre las consecuencias de tal renuncia.
No obstante, lo más recomendable a día de hoy es abstenerse de firmar cualquier acuerdo con la entidad bancaria, ya que la victoria final de los consumidores está más cerca.
