Dos años han pasado desde que el Gobierno y las entidades financieras anunciaran a bombo y platillo su ‘solución’ para el fraude de la comercialización indebida por parte de la banca de participaciones preferentes, deuda subordinada y otros productos tóxicos de ahorro: el arbitraje. Un procedimiento sesgado, cuya intención únicamente ha sido la de alargar la agonía de la mayoría de las familias, apaciguar sus ánimos para que no luchen por recuperar sus ahorros y hacerle un ‘lavado de cara’ a la banca.
Los datos de los arbitrajes planteados por Bankia, NovaCaixaGalicia Banco y Catalunya Caixa y facilitados por la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada y las propias entidades así lo atestiguan. De los 534.500 consumidores a los que estas entidades colocaron 9772 millones de euros en estos productos, únicamente han resuelto su caso a través del arbitraje 222.382. Además, hay que sumar los aproximadamente 65000 afectados con productos de Liberbank y Banco CEISS, que siguen sin tener una solución justa. En suma, hay todavía unos 377.000 afectados sin solucionar su caso, es decir, el 63% del total. La mayoría de ellos, además, no tienen ya preferentes puesto que las cambiaron por bonos o acciones, asumiendo además importantes pérdidas.
Problemas detectados en los arbitrajes
ADICAE ha denunciado públicamente y ante las autoridades múltiples problemas a la hora de acceder a estos arbitrajes. El criterio fundamental ha sido el de resolver prioritariamente los casos de menos de 10.000 euros, siendo que la media de ahorros depositados por los afectados asciende a 30.000 euros, lo que deja claro que la intención era que los bancos alcanzaran rápidamente cifras ‘elevadas’ de resoluciones de cara a lavar su imagen ante la opinión pública.
Muchos ahorradores con un perfil claramente de aversión al riesgo han visto cómo sus solicitudes no se admitían a trámite. Se trata de una tendencia creciente en los últimos meses, especialmente en relación a Bankia, que ‘provisionó’ 1200 millones para destinarlos al arbitraje, y que ha ido perdiendo interés en solucionar los casos conforme las indemnizaciones se van acercando a esa cifra.
Los procedimientos, además, duran mucho. El de Novagalicia -ya acabado- solo se aceleró cuando se acercaron las elecciones gallegas. Los de Catalunya Caixa y Bankia siguen en proceso, y nada hace prever que finalizarán próximamente, a pesar de los anuncios de las entidades y la Administración asegurando que ya estarían resueltos todos a finales del año pasado.
Es vergonzante igualmente, y ADICAE no fue la única pero sí la que más lo criticó en su día, la parcialidad y falta de objetividad de las consultoras designadas para hacer la criba sobre el acceso al arbitraje. Mención especial merece KPMG en el caso Bankia, como juez y parte, ya que al tiempo que le asignaban esta función defendía los intereses de la entidad en los tribunales frente a todo tipo de demandas.
Asimismo muchos afectados, tras recibir resoluciones favorables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores confirmando el engaño, finalmente han visto cómo no les daban la razón en el arbitraje.
Los bancos también han puesto muchas trabas. Por ejemplo, insisten en sus sucursales en completar ellos mismos los formularios de solicitud de los afectados para evitar utilizar las palabras ‘fraude’, ‘engaño’ o similares, bajo amenaza de que de no hacerlo así “en ningún caso les darían la razón en el arbitraje”.
Finalmente Novagalicia y Catalunya Caixa, al principio, solo aceptaban a los afectados por preferentes para más tarde ampliar el abanico de solicitudes a los de deuda subordinada, por lo que muchos de los afectados por este último producto ya se habían ido a la vía judicial cuando ‘se abrió la veda’. Además la entidad gallega, en algunos casos de clientes con preferentes y subordinadas, les daban la razón -y por tanto les devolvían el dinero- por uno de los productos pero no por el otro, en un claro ejemplo de que estamos ante una auténtica lotería.
La acción judicial colectiva sigue siendo la mejor solución
ADICAE denuncia que no se ha ofrecido una solución global ni eficaz al fraude de las preferentes, sino que las abusivas condiciones de los canjes impuestos por el FROB han obligado a los afectados a acudir a los tribunales como única vía para recuperar sus ahorros. Por ello ADICAE sigue defendiendo la acción colectiva judicial como el mejor mecanismo para resolver la estafa de las preferentes de una vez por todas.
