Publicada a finales del pasado invierno la reforma de la Ley General de Consumidores y Usuarios, el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, ya lo advertía: «El Gobierno tendrá que volver a legislar en menos de un año». Y las cifras recién publicadas por el Banco de España en materia de conflicto hipotecario le dan la razón por completo.
Un total de 38.961 familias han perdido su vivienda habitual durante el año 2013, apenas 90 menos que las que lo hicieron durante aquel fatídico año 2012. Si añadimos otras casi 11.000 entregas de segundas residencias, 2013 ha sido el peor año hipotecario en España, peor que 2012, que ya fue desastroso. El drama hipotecario sigue absolutamente descontrolado en este país.
Esto significa que el ritmo de ejecuciones hipotecarias y entregas voluntarias de inmuebles a causa de impago no sólo no ha decrecido, sino que se mantiene invariado en el centenar de pisos perdidos cada día. Una situación heredera del sobreendeudamiento al que se ven sometidos millones de hogares con hipoteca en España; ADICAE calcula que el 80% de los deudores hipotecados con cláusula suelo está en situación de sobreendeudamiento; casi tres millones sobre un total de 3,7 millones de cláusulas suelo.
Una situación que sigue sin corregirse, con lo que las cifras de ‘fracaso hipotecario’, lejos de disminuir, continuarán similares. Las medidas de la banca y el Ministerio de Economía para solucionar el problema hipotecario no han pasado de meros parches que han beneficiado a apenas un 5% de todos los afectados por ejecuciones hipotecarias desde el comienzo de la crisis. Esto significa que no hay un verdadero interés por solucionar este gravísimo problema de los consumidores en España.
Interés que debería trasladarse a través de la elaboración de normativas realmente adecuadas. La reciente reforma de la Ley de Consumidores y Usuarios aborda algunos aspectos de futuro, pero no responde a los más importantes y graves problemas de los consumidores en la actualidad. El trámite del Congreso aceptó la incorporación de algunas enmiendas planteadas por ADICAE que han supuesto un pequeño avance en relación a la acción judicial colectiva de los consumidores, que se viene enfrentando a graves trabas demostrándose la necesidad de un cambio de fondo.
Sin embargo, el Presidente de ADICAE, Manuel Pardos, ya vaticinaba que «al no haberse implementado las reformas que los graves problemas que los consumidores están sufriendo requieren el Gobierno tendrá que volver a legislar antes de un año para ello». La asociación continúa insistiendo en las propuestas que ha trasladado al Gobierno y a los grupos parlamentarios, en especial en relación a la necesaria regulación de las cláusulas suelo y al establecimiento de una Ley de Sobreendeudamiento o procedimiento concursal especial para consumidores.
A modo de ejemplo una Recomendación del 12 de marzo la Comisión insta a los Estados Miembros a estudiar la aplicación de las recomendaciones a los consumidores, reforzando así la propuesta de ADICAE de medidas frente al sobreendeudamiento familiar que debieran haber sido incluidas en la actual reforma de la Ley de Consumidores y Usuarios. Por otra parte las múltiples sentencias decretando la nulidad de las cláusulas suelo y el impulso que ha tomado la macrodemanda colectiva de ADICAE ante este abuso ponen de manifiesto la necesidad de una regulación legal de este tipo de condiciones.
ADICAE recuerda que las cláusulas suelo son motivo de oposición en un proceso de ejecución hipotecaria -desahucio-, por lo que desde la Plataforma Hipotecaria de ADICAE se anima a todos los hipotecados con cláusula suelo y proceso de desahucio en marcha a que presenten este documento para paralizar su desahucio:
