En el marco de la campaña de ADICAE para promover la agrupación de los pequeños accionistas de entidades cotizadas y propiciar su participación activa en las Juntas Generales de accionistas que tienen lugar en 2014, la Asociación (miembro del Comité Consultivo de la CNMV en representación tanto de los consumidores como de los pequeños accionistas, así como del Stakeholders Group de la ESMA) representa esta mañana en la Junta del Banco Popular a cientos de pequeños accionistas que han delegado su voto en la asociación, la mayoría de los cuales fueron convertidos en accionistas forzosos de la entidad por el canje de sus participaciones preferentes, a través de la entrega de bonos convertibles.
En su intervención el representante de ADICAE destaca al Consejo de Administración el hecho de que el incremento del ratio de morosidad (que ha llegado al 14,31%) no es ajeno a la política del Popular en materia hipotecaria, caracterizada por la negativa a cesar en la aplicación de las denominadas “cláusulas suelo” que dificultan a muchas familias el poder hacer frente a las cuotas mensuales.
En este sentido ADICAE destaca a la entidad la necesidad de abrir un diálogo que conduzca a una solución a este problema, en beneficio de cientos de miles de hipotecados y del propio banco, así como que permita dar respuesta eficaz a los miles de afectados por la colocación engañosa de los denominados “swaps” hipotecarios, derivados financieros de alto riesgo vendidos como si se tratase de seguros frente a la subida de tipos de interés.
La representación de ADICAE y los pequeños accionistas critican además la política retributiva de la entidad, en la que si bien muchos consejeros no reciben remuneración la establecida para Ángel Ron, Francisco Gómez y Francisco Aparicio dista mucho de los principios de moderación que contiene el documento “política de remuneraciones” de la entidad, con emolumentos de entre 713.000 y 1.506.000 euros anuales sin contar los sistemas de ahorro a largo plazo asignados para estos y otros consejeros, que acumulan entre 4 y 14 millones de euros.
Con esta actuación la asociación defiende el derecho de los pequeños accionistas a estar presentes en las juntas de accionistas, y expresar ante los máximos responsables las reivindicaciones de los pequeños accionistas y los consumidores
