La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, ha asegurado que no se va a repetir un caso similar al de las participaciones preferentes. Durante una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por agencias como Europa Press, Rodríguez ha señalado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pone los medios para que no suceda de nuevo algo parecido a lo que ocurrió con las participaciones preferentes.
Se refiere, por ejemplo, a la técnica del mistery shopping, consistente en enviar agentes que se hacen pasar por ahorradores interesados en adquirir productos de ahorro e inversión, así como inspectores anónimos que comprueban que los productos financieros se comercializan de forma adecuada. El supervisor mira con especial interés las emisiones, ha dicho, ya que lo importante es adelantarse a los problemas.
A partir de aquí, la declaración es un despropósito. Rodríguez ha reconocido a la radio pública que «a posteriori todo se ve muy fácil», y en los momentos en que las preferentes empezaron a comercializarse «tan sólo eran un instrumento financiero presente en otros países que utilizaron también entidades no bancarias como Endesa, Repsol o Telefónica». Lo que obvia la responsable de la CNMV es que en España esos «instrumentos financieros» fueron comercializados de forma masiva entre ahorradores sin conocimientos financieros previos, algo que el supervisor debió haber detectado y evitado.
Lejos de ello, la presidenta de la CNMV insiste en la excusa, y niega categóricamente que la venta de participaciones preferentes fuera «una estafa generalizada». Más aún; señala que muchos de los que las compraron no «leyeron la letra pequeña de los contratos pero tampoco la grande»; vergonzosa filosofía que sigue insistiendo en responsabilizar a los consumidores de un fraude generalizado torticeramente planificado para captar ahorro a toda costa.
Por suerte, hay jueces que ya están empezando a olvidarse de esta forma de pensar y aceptan las reivindicaciones de ADICAE en su acción colectiva. El juzgado ha aceptado la demanda colectiva interpuesta por ADICAE y otros 3.200 afectados contra Bankia y Caja Madrid Finance Preferred por el fraude de las participaciones preferentes y suspende el procedimiento dos meses para que se sumen todos los afectados, en una decisión que atestigua cómo, en efecto, es perfectamente investigable el proceder abusivo y fraudulento de estos comercializadores de ahorro tóxico.
