“Nos estamos jugando el Estado de Derecho y la Democracia”. Así de rotundo se muestra el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, en relación a la lentitud de la Justicia para juzgar las querellas penales interpuestas por la asociación frente a las cúpulas de Bankia, CAM, Novagalicia, Catalunya Banc y Caja de Castilla La Mancha. ADICAE ha destapado algunos documentos que vienen a probar que la venta de participaciones preferentes y deuda subordinada entre pequeños ahorradores ha correspondido, realmente, a una estrategia de venta de “estafa piramidal” según el equipo jurídico de la asociación.
Así el abogado de ADICAE encargado de la querella contra Bancaja, Eduardo Barrau, ha indicado que la documentación a la que ha tenido acceso ADICAE sobre la venta de sus participaciones preferentes demuestra que “los comerciales equiparaban plazos fijos a las preferentes o las subordinadas, con una política comercial muy agresiva de Bancaja. Nunca ha existido un mercado de este producto, el mercado AIAF no ha funcionado como tal y la CNMV lo ha reconocido. Bancaja y CajaMadrid crearon este mercado, clandestino y opaco. Si este producto se comercializaba como un plazo fijo tendrían que haberse creado mecanismos que prohibieran vender o comprar a menos del 100%. Estamos ante un sistema de venta casi piramidal, con elementos constitutivos de estafa”, ha indicado el letrado.
Por su parte Pablo Mayor, miembro del equipo jurídico de ADICAE en los casos de Bankia y CAM, afirma que desde 2005 la CNMV envió cartas a las entidades financieras advirtiendo de que “las emisiones de preferentes no podían dirigirse a minoristas”. ¿Por qué lo hizo así, entonces, la mayor parte de la banca? ADICAE ha tenido acceso a argumentarios de venta de participaciones preferentes de Bankia y de la dirección de zona de Toledo que “demuestran que las preferentes, concretamente la serie 2 de Bankia, se venden solamente porque la situación de la caja era casi de quiebra técnica”, explica el abogado de ADICAE.
Pablo Mayor explica que los documentos de aceptación “estaban prerredactados”. Es más, el test de conveniencia que debían realizar todos los ‘inversores’ para cumplir la normativa MiFID, “estaba integrado en el sistema informático, lo que permite manipulaciones. Debería ser un documento manuscrito”. Sobre esto había alertado la CNMV señalando que “era imposible que el 95% de los cuestionarios fueran correctos”.
Por todo ello, en la querella contra Bankia “se pedirán más diligencias, debido a la ingente documentación aportada”, según Mayor. Como prueba de que estas ventas obedecían a un plan preconcebido subraya que “se primaba con el 3% del capital la venta de estos productos, por lo que los comerciales se desvivían por colocarlos”.
Un mercado secundario que nunca existió
José Ríos, abogado de ADICAE en la querella contra la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), explica que la falta de liquidez a partir de 2008 demostraba que la CAM estaba en quiebra técnica, prácticamente. Y observa que, basándonos en los informes de la CNMV en 2007, hasta 2006 solo se habían hecho 37 emisiones, pese a estar aprobadas desde 1998, de este instrumento de difícil valoración y comprensión. De ahí deduce que la emisión de participaciones preferentes a partir de esa fecha “se hizo con una finalidad defraudatoria”.
Explica también cómo funcionaba en realidad el mercado secundario, que no era tal: “cuando un cliente quería deshacerse del producto había que buscar otro para que no se destapase el fraude”, ha denunciado.
Finalmente el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, señala que la asociación está luchando por la defensa de las victimas del fraude y por el resarcimiento económico por la vía penal, pues el desnaturalizado arbitraje de Consumo ha sido una trampa que ha dejado a miles de afectados tirados. Destaca Pardos la “evidente criminalidad de los dirigentes de las cajas de ahorros, no solo de los imputados” y alerta de que la dilación judicial tiene un claro peligro: “la impunidad o las leves condenas de unos chivos expiatorios que acabarán indultando”.
“Da la impresión de que el Gobierno y la oposición no quieren ni oír hablar de estas querellas, y quieren esconder la quiebra de las cajas de ahorros. Se están riendo de los afectados. Además, queda claro que Goirigolzarri y De Guindos están obstaculizando la investigación en caso Bankia», ha enfatizado el presidente de ADICAE.
