Los primeros sondeos elaborados a través del Banco de España y de portales especializados como el comparador Bankimia estiman el impacto de la supresión de la cláusula suelo en alrededor de 65 millones de euros mensuales para la banca, es decir, cerca de 800 millones al año a partir de los datos ofrecidos por los bancos y cajas que la disponen en sus contratos. Eso significa que ya hay ciertas entidades financieras que están elaborando balances que previenen la retirada de esas cláusulas suelo.
Balances que, cómo no, se dedican a minimizar el problema, a hacerlo trivial y minoritario, a restar importancia a las malas prácticas que llevaron a cabo las entidades financieras a la hora de comercializar hipotecas en España. Este primer cálculo de 800 millones anuales supone poco más del 10% de lo que realmente es la magnitud del problema. ADICAE calcula que en España existen aún cerca de 3,5 millones de hipotecas con cláusulas suelo, descontado el medio millón anuladas a BBVA, NovaGalicia y Cajamar; el impacto de estas cláusulas, en total, está en alrededor de 7.000 millones anuales, en una estimación muy moderada.
Tras la sentencia judicial
La cosa es que apenas un puñado de bancos han reconocido este impacto, y lo están haciendo de manera muy tímida. El pasado 9 de mayo el Tribunal Supremo anuló las cláusulas suelo de las hipotecas de BBVA, NCG Banco y Cajamar, y estos bancos fueron los primeros en lanzar sus cálculos: «Para la entidad que preside Francisco González el impacto será de 420 millones de euros al año, aproximadamente, mientras que NGC perdería 48 millones de euros y Cajamar unos 50,4 millones al año», refiere el Banco de España.
En el caso del BBVA, esos 420 millones repartidos entre sus casi 600.000 hipotecas con suelo implican un sobrecoste anual por hipoteca de poco más de 700 euros, esto es, 60 euros mensuales. Aún más irrisorio es el coste reconocido por NovaGalicia, que prevé dotar 39 millones para la mitad de sus casi 100.000 hipotecas con suelo. Parecidos son los cálculos, según las estimaciones de Bankimia, del Banco Sabadell, que dejaría de ingresar unos 100 millones de euros anuales, del Popular, que perdería 108 millones al año, y de Caixabank, unos 50 millones brutos al año.
Tras la sentencia del Supremo, el Banco de España solicitó a las entidades que aplican este tipo de cláusulas unos informes para estudiar qué supondría su eliminación en los contratos, así como que dejaran de aplicar esta cláusula. Los primeros datos apuntan que la banca está por la labor de reconocer y compensar a los consumidores apenas un tercio de lo que estos van pagando de más cada año por su suelo. Lo demás, «comercialización transparente», que es el subterfugio que emplea la banca para dar validez a una práctica que está originando situaciones dramáticas en las economías familiares, impagos crediticios y sobreendeudamiento.
