Con motivo de la celebración de la sesión ordinaria de la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlament de Catalunya el secretario general de la AICEC-ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos , Cajas y Seguros de Catalunya, Jofre Farrés, comparecerá para dar la opinión de la asociación respecto al “Proyecto de ley del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito”.
ADICAE, en la actual situación de grave incertidumbre económica y social, apoya la creación de un impuesto que grave la actividad de las entidades financieras pero remarca que es preocupante que el impuesto se pueda acabar trasladando al depositante en forma de un aumento de las comisiones bancarias.
Según el estudio ‘Análisis de las comisiones en tiempos de crisis, periodo 2007-2012’, desde 2007 hay comisiones que han aumentado hasta un 185%. Es necesario poner en marcha este impuesto siempre y cuando sea de carácter temporal y hasta que se plantee una reforma integral del sistema financiero, abordando, entre otras cuestiones y de una vez por todas, la regulación de las comisiones bancarias.
]Sí se puede… pero casi nadie quiere
Este impuesto es necesario porque sólo el rescate a la banca ha costado a los ciudadanos más de 62.000 millones de euros, y porque hay que poner reglas justas con una normativa clara que regule las relaciones entre los consumidores y las entidades financieras, así como un control y una supervisión estricta por parte de organismos competentes, tanto de la publicidad financiera y como del cobro abusivo de comisiones bancarias.
Hay que dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y sobre todo corregir una situación que profundiza en los desequilibrios existentes en un ámbito como el financiero, carente de una regulación justa y razonable que compagine los intereses de las partes implicadas, entidades y consumidores, evitando la opacidad y el abuso.
Con este impuesto se demuestra que hay vías alternativas desde las competencias autonómicas para luchar contra la mala gestión de las entidades financieras y poder garantizar los derechos de los usuarios de productos y servicios financieros.
