ADICAE estuvo fuertemente representada en la Junta General de Accionistas de Bankia, con un total de 3.374.521 acciones. En ella nuestra asociación trató de impulsar una acción social de responsabilidad contra los anteriores gestores de la entidad.
El FROB, propietario del 45 % de Bankia tras quedarse el 27 de junio con el 100 % de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros, no votó a favor de la clamorosa petición por parte de una mayoría de los más de cien accionistas que intervinieron en la Junta, de entablar una acción social de responsabilidad contra los ex gestores, por lo que esta petición no salió adelante finalmente.
Durante la Junta intervino el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, quien le recordó al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que “a usted le nombraron no se sabe bien dónde, en una reunión secreta del señor De Guindos con los tres grandes de la banca española: Botín, Fainé y González. Le nombraron dueño de Caja Madrid, de Bancaja y de cinco cajas más… porque eso es todo este tinglado”.
El presidente de ADICAE también aseguró que la mayor parte de los presentes en la sala habían sido “defraudados por unas preferentes completamente ilegítimas, injustas y fraudulentas, por una comercialización de acciones masiva a pequeños ahorradores contraria por completo a la Ley del Mercado de Valores. Por lo tanto, se tiene una ilegitimidad de origen… se tiene un pecado original”, indicó.
Acto seguido Pardos cuestionó el nombramiento de Goirigolzarri como presidente de Bankia: “No se sabe quién le nombró. Y a los que nombraron, les echó usted inmediatamente. Y ayer, echaron a los que nombraron a los que usted echó. Es decir, ahí hay algo que usted no quiere explicar y que le da ilegitimidad”.
Irregularidades en las cuentas de Bankia
A pesar de que los actuales administradores y la auditora Deloitte señalaron textualmente, en la comunicación a la CNMV del Hecho Relevante, que “se hace constar que las modificaciones en ellas contenidas son resultado de circunstancias sobrevenidas e información obtenida con posterioridad al cierre del ejercicio”, no se ha facilitado explicación alguna al respecto, lo que en sí mismo constituye una irregularidad que impide considerar como transparentes las cuentas de Bankia.
En consecuencia, la Plataforma de Pequeños Accionistas de ADICAE manifestó su oposición a que Deloitte siga siendo auditor, ya que un análisis profundo de las cuentas reformuladas y auditadas acredita que las pérdidas afloradas y las que se pueden estar ocultando existían ya antes de la salida a bolsa de Bankia.
Sobre la base de la ocultación de información a los pequeños ahorradores, de la falta de colaboración en la exigencia de responsabilidades a los anteriores administradores y entendiendo la posible existencia de administración desleal y un engaño masivo a los pequeños accionistas, ADICAE instó la aprobación por la Junta de la Acción Social de Responsabilidad contra el consejo, su Presidente y los auditores, con la consecuente destitución de los mismos. Una petición que, como hemos señalado anteriormente, no fue finalmente aceptada.
ADICAE también denunció el canje de preferentes ejecutado en los casos de Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja como fraudulento, dado que el mismo se llevó a cabo en fechas anteriores a la reformulación de las cuentas y el mismo implicó la conversión de los afectados en accionistas que han recibido el 75% de su inversión en títulos de Bankia a 3,3 euros por acción cuando actualmente cotizan 0,9 euros, además de figurar entre las condiciones del canje la obligación de mantener esas acciones en cartera (no venderlas, y por tanto seguir asistiendo a su bajada de cotización) para poder percibir acciones por el 25% restante de la inversión inicial en preferentes.
Propuestas del orden del día como la emisión de 40.000 millones en bonos y 15.000 millones en pagarés no provocan sino echar más leña a un incendio que contó con la complicidad de los dirigentes y gestores de Bankia. Resulta inaceptable llevar a cabo estas operaciones sin que se demuestre antes que la entidad aplica la normativa MiFID y facilita transparente información al usuario; o que se estén planteando retribuciones que, aun con las debidas limitaciones legales al ser una entidad intervenida, pueden llegar a los 300.000 euros, cuando se está bajo sospecha judicial y legal.
