Ante las informaciones relativas a que el Fondo Monetario Internacional ha celebrado en estos días una reunión de urgencia con ADICAE en el marco de la evaluación del sistema financiero español que el organismo internacional está llevando a cabo, el Presidente de ADICAE, Manuel Pardos, ha afirmado que no puede «confirmar ni desmentir» las informaciones que al respecto han ido surgiendo en diferentes ámbitos, pero ha informado de que el FMI, a través del programa FSAP, el FMI realiza cada 5 años una evaluación de los sistemas financieros de diferentes países. Si bien hasta hace poco esta evaluación era de carácter voluntario, desde 2011 se convirtió en obligatoria para los países de importancia sistémica, como España, y como es conocido el último realizado en nuestro país se lleva? a cabo en 2006.
Manuel Pardos manifestó que «es muy posible que el FMI esté comenzando a valorar la opinión de los consumidores financieros como un elemento importante del sistema financiero, lo mismo que hizo el G-20 en su última reunión en la que aceptó? un informe de ADICAE a través de Consumers International», y por tanto agradece al FMI esta confianza en las aportaciones que puede hacer ADICAE como la única organización legítima y representativa de los consumidores y usuarios financieros en España.
Por otra parte fuentes de la asociación han informado que las posiciones de ADICAE que en todo caso habrían presentado al FMI lo mismo que vienen haciendo ante las autoridades europeas y españolas en base a la experiencia acumulada en estos casi 25 años defendiendo los derechos de los consumidores y usuarios de servicios financieros son una serie de temas en los que la Asociación hace análisis valiosos para una mejora del sistema financiero español y europeo en favor de los consumidores.
Desde el estallido de la crisis económica, a finales de 2007, los abusos financieros a los consumidores españoles se han multiplicado, produciéndose una auténtica avalancha de productos tóxicos y condiciones abusivas que se han traducido, entre otras cosas, en un auténtico corralito financiero que ha atrapado los ahorros de alrededor de un millón de consumidores -participaciones preferentes-, que ha hecho que casi cuatro millones de hipotecados paguen más de lo que deberían a su banco en la cuota mensual de su hipoteca -cláusulas suelo-, o que ha ocasionado que alrededor de un millón de familias se encuentren, actualmente, al borde del embargo.
La situación española de 15 años de fraudes y abusos al ahorro-inversión, duramente golpeado por escándalos, fraudes y abusos como los de AVA, Gescartera, Eurobank, Forum-Afinsa-AyN, Lehman Brothers, swaps hipotecarios, etc…, y en la actualidad el fraude de las participaciones preferentes y otros productos tóxicos de ahorro. El interés internacional por el problema de las preferentes, que ADICAE est? abordando en todos los terrenos (extrajudicial, judicial, etc) es manifiesto.
Los problemas recurrentes y generalizados en la comercialización de productos de ahorro-inversión, con el traslado a los consumidores de los costes del saneamiento del sector financiero y el desplazamiento a los pequeños ahorradores de riesgos inaceptables. Estos problemas se han concretado en la intensificación de la comercialización de productos que responden en exclusiva al interés de la entidad, tales como las ya mencionadas participaciones preferentes o la colocación entre los clientes de acciones de las nuevas entidades tras reestructuración de las cajas de ahorros.
La auténtica ‘ley de la selva’ que impera en relación a las comisiones y los abusos recurrentes, gracias a la carencia de una regulación clara, y cuyos cambios, cuando se producen, sólo contribuyen a empeorar la posición de los consumidores, como con la reciente Orden Ministerial de Transparencia y protección del Cliente de Servicios Bancarios aprobada por el anterior Gobierno a pocos días de las elecciones generales. además, en lo relativo a las cuantías aplicadas en las comisiones, a los continuos y progresivos incrementos de las mismas se añade la escasa o nula vinculación de comisiones con resultado de la gestión encomendada.
La creciente complejidad y multiplicación de productos de ahorro y denominaciones, que encubren en muchos casos la entrada forzada de pequeños ahorradores en Bolsa y/o que se comercializan sin los más mínimos requisitos de transparencia. además la ingeniería financiera aplicada en su preparación y ‘empaquetado’ deriva en productos estructurados en los que los usuarios acaban asumiendo todos los riesgos, en la mayoría de casos sin conocerlos ni aceptarlos, y con una gran proliferación de denominaciones que inducen a confusión: depósitos y fondos ‘garantizados’ que sólo garantizan el capital, etc. Por ello es necesario avanzar hacia un catálogo de productos ‘básicos’ (estandarización): problema que afecta a millones de inversores europeos y españoles (3.000 Fondos de inversión en España, con jerga complicada, que en la práctica corresponden a 10 tipologías básicas) El deficiente papel de los organismos supervisores, que requieren una reforma hacia un nuevo modelo, muchas veces abordado en los últimos años y siempre aparcado, de ‘doble supervisor’, en el cual uno de ellos asumiría las funciones relativas a solvencia de las entidades y del sistema financiero, mientras que el otro se encargaría de la protección de los consumidores de servicios financieros. De esta forma se evitaría el riesgo, ya comprobado, de que el supervisor primara los aspectos relativos a riesgos sistémicos y solvencia frente a los derechos de los usuarios.
La deficiente o nula representación de los usuarios en las Bolsas: Hay millones de usuarios con inversiones directas [OPVs] e indirectas [Instrumentos de inversión colectiva] en Bolsa, y su representación queda totalmente diluida. además la representación de los usuarios en las sociedades cotizadas es claramente insuficiente y deficiente, aspecto en cuya mejora podría tomarse el ejemplo del modelo alemán, con consejeros independientes elegidos por asociaciones representativas.
La necesidad de regular las Asociaciones de pequeños accionistas, diferenciación entre minoritarios y pequeños accionistas, con ausencia de regulación específica, y consecuentes riesgos de fraude, promoviendo una financiación instrumental, (en línea con la decisión del Consejo Europeo de apoyar la representación por medio de asociaciones) que no se ha llevado a cabo. La organización y representación de los pequeños accionistas ante la opacidad e inaccesibilidad de los consejos de dirección, el ineficaz funcionamiento de Juntas Generales de Accionistas (un mero trámite donde el sistema de delegación de voto permite a los Consejos acudir con una mayoría más que sobrada) y otras circunstancias tales como las limitaciones del número mínimo de acciones para asistir a las Juntas Generales (el 65,7% de empresas del IBEX-35 tienen estas limitaciones) adquiere en la situación actual una especial relevancia (desaparición de compañías, fusiones, absorciones, …). La necesidad de evitar un auténtico ‘asalto’ al Comité? Consultivo de la CNMV, en el que los consumidores ostentan una única representación (en este caso mediante la intervención de ADICAE en el mismo) frente a 19 representantes de banca, seguros y mercado de valores.
