Como se ha puesto de manifiesto en los últimos 2 meses, el Gobierno actual puede regular materias de auténtica emergencia económica y social hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno y constitución de las Cortes, tales como la gravísima situación hipotecaria de las familias que creemos toda la opinión pública española considera que requiere medidas inmediatas que están siendo pospuestas.
Además el Banco de España demuestra que para la banca sí se puede regular. Muestra de ello es también el proyecto de circular que el supervisor ha preparado, y con el que pretende sustituir al euribor como índice de referencia hipotecario por el “tipo de permuta de intereses a 5 años.”
Por ello la Plataforma Hipotecaria de ADICAE reitera la petición, hoy ya exigencia, de que se apruebe una moratoria hipotecaria a los embargos que permita que cientos de miles de familias (las que hoy están afrontando ya ejecuciones hipotecarias y las que verán inciados estos procesos contra ellas en los próximos meses) se enfrenten a la pérdida de la vivienda y la consecuente situación de riesgo de exclusión social y financiera.
Muestra del clamor social en que la adopción de la única medida urgente posible (una moratoria) se ha convertido es la adhesión a esta propuesta de sindicatos como CCOO (preveemos que UGT también manifestará su apoyo) y de cientos de organizaciones y entidades ciudadanas y sociales. Por ello, y con el fin de poner de manifiesto este apoyo ciudadano a la moratoria, ADICAE ha comenzado en el día de hoy a recabar adhesiones a la propuesta a través de su página.
En un momento en el que muchos partidos comienzan a hablar de la dación en pago que no han querido aprobar en toda la legislatura, ADICAE destaca el hecho de aún en el supuesto de que se logre avanzar en la dirección de unas medidas de reforma legislativa que impidan la quiebra familiar definitiva y la condena a una deuda de por vida tras el desahucio, cualquier reforma de este tipo llegará tarde no sólo para las más de 140.000 familias desahuciadas desde 2008, sino para las 162.819 familias que se encuentran inmersas en procesos de ejecución hipotecaria que aún no han concluido en el desahucio y para las más de 270.000 que tienen cuotas impagadas y aún no han sido demandadas por el banco o cajas de ahorros.
