El 6 de septiembre decenas de miles de ciudadanos clamaron en las calles de diversas ciudades españolas por la convocatoria de un referendum para votar la injusta reforma del texto constitucional pactada por PSOE y PP, que pretende imponer un fuerte control del gasto público limitando y recortando derechos sociales, y sin poner coto además al dinero destinado a ‘sanear’ entidades de crédito. Con lemas como “la fuerza de los consumidores ante los abusos bancarios y políticos”, “todo para la Banca… ¿y los consumidores?”, “con estos políticos la Banca siempre gana”, “injusta reforma, STOP embargos ¡YA!”, “La Banca es responsable”, los consumidores mostraron su rechazo a la complicidad entre los poderes políticos y el lobby bancario, plasmada a la perfección en esta reforma de la Constitución.
A las manifestaciones acudieron colaboradores, socios y simpatizantes de ADICAE. El presidente de la asociación, Manuel Pardos, encabezó la manifestación celebrada en Madrid y tuvo ocasión de trasladar las exigencias de los consumidores y usuarios de servicios financieros a los responsables de las diversas fuerzas políticas y sindicales que, junto a ADICAE, organizaron la marcha celebrada en la capital de España.
El anuncio del presidente del Gobierno de una “reforma express” de la Constitución para introducir un tope en el déficit de las cuentas públicas ha movilizado a toda la sociedad. Si en sede parlamentaria el debate se ha minimizado, ante la imposición de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, que monopolizan el escenario político, las diversas organizaciones que forman el tejido asociativo en nuestro país, entre ellas ADICAE, y el Movimiento social 15 M, no han querido asumir un rol de pasividad y demandan debate, información y, como corolario, una reforma que se decida por la propia ciudadanía, principal afectada por la misma pues va ser la que vea privados sus derechos y la que sufra las consecuencias en primer término.
Una reforma defendida con falacias
Convertir una mera decisión técnica como es imponer un férreo equilibrio presupuestario, en un dogma constitucional y sin debate político previo, habla bien a las claras de que nuestra clase política se ha convertido en mera gestora de los intereses del entramado financiero y bancario, cuyos intereses son los únicos que tienen interés en fomentar y desarrollar. Esta decisión, por tanto, enlaza con los ataques a los derechos de los consumidores más golpeados por la crisis y que han sido completamente olvidados sin ofrecer soluciones razonables y dignas, y es una pérdida clara de soberanía del propio Estado y la ciudadanía frente a los mercados.
Es importante recordar que quienes tradicionalmente han encabezado el ruido de una “redución del déficit público” son muchas grandes empresas. Su objetivo es asaltar el espacio público, privatizarlo y obtener beneficios a corto plazo, pagándolos quien pueda. Sobre las bondades de la “liberalización” en nuestro país, basta mirar las cifras anuales de reclamaciones de los consumidores en sectores como la telefonía o el sistema financiero. También podemos recordar el fracaso de las pensiones privadas, planes de pensiones caros, mal gestionados y con pérdidas que son incapaces de mostrarse mínimamente siquiera como un complemento de las pensiones públicas. O los seguros sanitarios privados, caros, elitistas y discriminatorios. Ejemplos de que el sector privado no es sinónimo de mayor eficiencia, y mucho menos de servicio al ciudadano, como pretenden vendernos. Quizá la deuda pública se verá reducida, pero la deuda privada de los consumidores y ciudadanos seguirá aumentando y así el negocio de la banca y las grandes multinacionales que se verá favorecido por esta medida antisocial.
