El Departamento de Asesoría de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha visto cómo, lamentablemente, el número de quejas y reclamaciones por fraude en el uso de tarjetas de crédito ha aumentado un 60% en los dos primeros meses de verano respecto al año anterior.
Los temas más recurrentes de estas consultas y reclamaciones son: excesos en el cobro de comisiones de mantenimiento, los fraudes por robo o extravío de la tarjeta, y prácticas delictivas a través de Internet, principalmente.
Comisiones: La Banca quiere que los consumidores paguen su falta de liquidez
La crisis está pasando factura a los consumidores en forma de comisiones. Desde 2005 las comisiones aplicadas a las tarjetas se han multiplicado, pasando de 11’12 euros a 16’84 la cuota anual por tarjeta de débito; de 22’94 a 33’48 por la de crédito; y de 0’6 a 1’08 euros por disposición en cajeros de la propia red. Este aumento injustificado de las comisiones debería venir acompañado de una mejora sustancial en la seguridad de los usuarios. Lamentablemente no está siendo así.
Los sistemas de seguridad de los que presumen las entidades (RFID y el chip) son vulnerables y ya han sido superados por los delicuentes. En concreto, la implantación del chip no se está llevando a cabo masivamente en los comercios, ya que la mayoría continúa utilizando el sistema de banda magnética. Y, en segundo lugar, diversos estudios han demostrado que, mediante un software, es posible ‘engañar’ a los terminales de punto de venta para que acepten como válido cualquier PIN que se introduzca de una tarjeta robada.
Cuando el propietario de una tarjeta advierte su ausencia debido a un posible robo debe llamar a su entidad financiera para que la anule. Desde entonces la responsabilidad pasa a ser de su banco o caja. Según especifica la nueva Ley de Servicios de Pago la responsabilidad del usuario de una tarjeta de crédito o débito en caso de robo o pérdida queda limitada a 150 euros. Sin embargo ADICAE tiene constancia de que determinadas entidades tratan de evitar su responsabilidad indicando a los consumidores que acuden a ellas con estas reclamaciones que han incurrido en negligencias, obligando al consumidor a hacerse cargo del importe del fraude. Una actitud lamentable, denunciable, y contraria a la nueva legislación. En opinión de Santiago Pérez “hemos luchado muchos años para conseguir que el límite de 150 euros se convirtiera en una obligación legal y ahora resulta que las entidades vuelven a saltarse esa norma con excusas tradicionales y baratas”, lamenta el responsable de Casos Colectivos de ADICAE, que recomienda “reclamar y reclamar por pequeña que sea la pérdida o la sustracción. Sus derechos no deben irse de vacaciones”.
Otro de los fraudes que se multiplican en verano es el relacionado con el phishing. Los delincuentes envían correos electrónicos masivos haciéndose pasar por una entidad financiera con el objetivo de conseguir datos privados de los usuarios y acceder, de esta manera, a sus cuentas bancarias.
ADICAE aconseja para los meses de verano pero también para todo el año
“En general, las entidades han colocado al usuario un medio de pago del que no conoce bien todas las cuestiones técnicas ni los pasos a seguir cuando algo va mal. Desde ADICAE damos toda esta información aunque normalmente, nos toca intervenir cuando el daño ya se ha producido y hay que reclamar”, considera finalmente Santiago Pérez.
En términos generales es preciso recordar que hay que tener sumo cuidado en la custodia del PIN de las tarjetas de crédito y no introducir claves fácilmente reconocibles por terceras personas. En el caso de los fraudes por Internet, nunca se deben ofrecer datos bancarios a través de la red y no hay que realizar transacciones si la plataforma no es segura.
