El último tramo de 2008 trajo consigo el derrumbe del sistema financiero. Se pusieron en marcha medidas para contener la debacle financiera y “refundar” el capitalismo. 2009 está siendo un año de apuntalamiento del sistema, que está teniendo ciertos visos de mejoría. Pero los consumidores siguen a merced de la banca y no se están tomando medidas para proteger sus derechos y defenderlos ante los azotes de la crisis. Y lo que es peor, parece que nada se está haciendo para evitar que se vuelva a repetir.
El Estado va a fortalecer a la Banca
A mediados de año se aprobó el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Su dotación inicial es de 9.000 millones de euros que podrán verse adicionalmente triplicados hasta un límite de dotación de 90.000 millones en 2010. Los dos objetivos del fondo son gestionar las actividades de reestructuración bancaria y reforzar los recursos propios de las entidades en proceso de integración. Los problemas de liquidez, el continuo deterioro de los activos (inmuebles sobretasados por las propias entidades) y el aumento de la morosidad pueden comprometer la viabilidad de algunas entidades financieras a medio plazo. Por ello el FROB financiará los procesos de integración y fusión. Por otro lado, el año 2009 ha deparado la venta al Estado de 20.000 millones en activos “sospechosos” mediante el Fondo de Adquisición de Activos Financieros el cual tenía un tope de 50.000 millones. En total en los últimos doce meses la banca ha recibido entre ayudas directas, fondos de urgencia y cambios en normativa unos 150.000 millones de euros (11% del PIB) que deberían haber servido primordialmente para no detener el crédito. Sin embargo el reajuste español se está centrando en los procesos de fusión y en la limpieza de los balances de las entidades financieras..
Cajas de ahorros, de culpables de la crisis a beneficiarias
El rescate financiero en España se ha limitado por el momento a salvar a Caja Castilla la Mancha y Cajasur. La perspectiva no es tranquilizadora, porque estas dos cajas, que suponen una parte ridícula del pastel financiero se han comido ellas solas una parte importante del Fondo de Garantía de Depósitos. El FGD de las cajas de ahorro en 2009 comenzó con 4.200 millones de euros. 1.200 millones fueron a parar al FROB. Otros 1.000 millones los utilizó Unicaja en su proceso de absorción de Caja Jaén y Cajasur. CCM ha sido adquirida por Cajastur con otros 1.300 millones. A día de hoy, unos 700 millones quedan en el FGD de las cajas, que entrará en números rojos cuando Cajastur suscriba un seguro de protección de activos para protegerse de las pérdidas que pueda tener con la adquisición de CCM. Además la intervención de CCM por parte del Banco de España supuso que el Estado avaló la entidad con otros 9.000 millones.
Y mientras los derechos de los consumidores se deterioran
No han recibido el mismo tratamiento los derechos de los consumidores. Si el proceso de salvamento de las entidades de créditos cuenta con una fuerte “garantía del Estado”, las ayudas a los consumidores han sido ridículas como ha demostrado en muchas ocasiones ADICAE. La reordenación del sector va a traer entidades más fuertes para competir a nivel global pero, ¿donde va a quedar la “competencia” (si es que alguna vez la hubo) como “garantía” de los derechos de los usuarios? Aunque sin duda, donde se aprecia el grave deterioro de los derechos de los ciudadanos en cuanto consumidores es la normativa adoptada a los largo de 2009 o que se prevé adoptar en los próximos meses.
La primera en la frente: el mercado hipotecario un atentado a la justicia ciudadana
En abril de 2009 se publicó el reglamento que desarrolla le ley del mercado hipotecario reformada en 2007. La premura con que el Estado acomete estos cambios demandados por el lobby bancario, contrasta con la lentitud e ineficacia para lo derechos del consumidor. El reglamento aludido consagra el criterio de que bancos y cajas pueden exigir una ampliación de la hipoteca a otros bienes del cliente si el valor de la vivienda hipotecada desmereciese a lo largo de un año de la tasación inicial en más de un 20% . Es decir, su precio se rebajase en un 20% respecto al inicialmente tasado, pudiendo incluso dar por cumplido el préstamo y ejecutar la vivienda. Este “derecho” supone una demostración vergonzosa de la intima conexión entre poder bancario y Estado: ¿cómo es posible que se haga pagar al consumidor la responsabilidad por unas tasaciones hiperinfladas realizadas por tasadoras propiedad de la misma entidad que concede el crédito?
La futura regulación de la publicidad del ahorro un auténtico fiasco
A finales de octubre ADICAE, a través del Consejo de Consumidores y Usuarios, presentó alegaciones para mejorar el proyecto de reglamento para regular y supervisar los contenidos de la publicidad de productos de horro inversión. Durante los últimos años, la publicidad ha demostrado ser para los usuario una herramienta no sólo absolutamente ineficaz como fuente de información, sino un verdadero catálogo de datos tendenciosos y en muchos casos fraudulentos que inducen al consumidor a elegir productos de ahorro tóxicos (“Depósitos” estructurados, fondos “garantizados”, etc). Ahora con el proyecto de reglamento se pretende “mejorar” esta situación…. Pero nada más lejos de la realidad. De forma apresurada el Ministerio ha alumbrado un lamentable texto donde los criterios y requisitos a cumplir por esta publicidad son meros principios generales que, además, delega su concreción en un organismo como la CNMV. Pero no es esto lo peor.
Primero “pescar” clientes con la publicidad… y luego “controlar
Pero son duda lo más vergonzoso del proyecto presentado es que se prevé un “control” a posteriori de la publicidad de productos de ahorro. Es decir, que la CNMV no va a verificar la veracidad de la publicidad y sus advertencias y riesgos, antes de que esta llegue a los clientes, sino que se reserva la facultad de “exigir el cese o rectificación de campañas contrarias a las normas o principios que se determinen”: primero vender cualquier producto de ahorro como sea y después ya me controlarán… o no! El control previo de los productos que se ponen en el mercado lo viene ejerciendo el Banco de España, con un procedimiento y un rigor manifiestamente mejorable… Ahora, puede que no sólo en el ámbito de la CNMV la forma de control degenere como pretende este proyecto, sino que el riesgo de un “control a posteriori” se implante en el ámbito del Banco de España… ¡10 años de fraude al consumidor financiero no han servido para mejorar sus derechos!
La nueva Ley de Servicios de Pago: más sombras que luces
Con esta normativa publicada a mediados de noviembre, se introduce la Directiva de Servicios de Pagos, que incluye algunas cuestiones clave para el usuario bancario de tarjetas, transferencia, etc.
Reconoce por fin, tras 20 años de quedar en manos del arbitrio de la banca, el límite de 150€ por los que debe responder el cliente en caso de robo y posterior uso fraudulento por terceros. Sin embargo la nueva ley ha desaprovechado para definir mejor este derecho, y no incluir cuestiones de actualidad para el consumidor como los fraudes en cajeros, uso por internet, copias de tarjeta, etc.
Transferencias:¡¡más comisiones!!
Hasta ahora en España, la persona que ordenaba una transferencia era la que asumía el pago de las correspondientes comisiones; en el caso de domiciliaciones de nómina o recibos, era la entidad que las emitía (empresa, compañías) la que las abonaba. La nueva Ley de Servicios de Pago regula la opción de gastos compartidos en caso de transferencia, de manera que cada parte (la que la ordena y la que la recibe) deberá hacer frente a las comisiones que su entidad estime. Esto significa que la banca tiene vía libre para empezar a cobrar comisiones que hasta ahora no existían, por ejemplo para operaciones tan cotidianas como ordenar el pago por domiciliación con recibos, pensión o nómina . Una vez más, la ley ampara a la banca en perjuicio del consumidor.
Pagar con tarjeta puede salir caro
Los comerciantes podrán cobrar un suplemento (alrededor del 0,9%) al consumidor que pague con tarjeta, una práctica hasta ahora prohibida en España que excepcionalmente se limitaba a algunos sectores, como las aerolíneas de bajo coste (es lamentablemente habitual cobrar entre 5 y 15€ más, dependiendo de la tarjeta utilizada, al emitir un billete por internet). Así, si finalmente se pone en práctica, los comerciantes podrán cargar al consumidor las comisiones que ellos asumían al recibir un pago con tarjeta. Esperemos que haya en el futuro un decreto desarrollando algún límite o prohibición a esta práctica, ya que así lo permite la Directiva Europea de la que deriva esta ley. ADICAE, como en otras cuestiones peleará porque esta posibilidad se elimine completamente para que no exista ningún resquicio de duda.
