La sentencia del Tribunal de la UE rechaza devolver el dinero a los afectados del Popular y apunta que la liquidación se adoptó “válidamente” y “con independencia” de los motivos que lo llevaron a encontrarse en dificultades
ADICAE mantiene que será el proceso penal abierto el que deberá esclarecer el abuso y el fraude, y determinar el resarcimiento a los 300.000 afectados
El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado los recursos de anulación presentados contra la disolución de Banco Popular, vendido al Santander por un euro tras sufrir una crisis y ser considerado “inviable”. La sentencia, sobre la que cabe recurso, apunta que la liquidación de Banco Popular se adoptó «válidamente» y «con independencia» de los motivos que llevaron a la entidad bancaria a encontrarse en dificultades.
Esta ha sido hasta hoy la única resolución bancaria siguiendo el reglamento de la Unión Europea de resolución de entidades de crédito, una norma que ADICAE considera necesario revisar y modificar, y que ha dejado a 300.000 pequeños accionistas en una situación “inaceptable”.
Aun así, será el proceso penal en el que está personado ADICAE, que se sigue en la Audiencia Nacional, el que deberá esclarecer el abuso y el fraude, y determinar el resarcimiento a los afectados. La asociación agrupa a 3000 pequeños accionistas-ahorradores que han visto sus ahorros volatilizados a través de una operación “abusiva, extraña y opaca”.
Estas cifras ponen de manifiesto que lo sucedido con el Popular ha vulnerado los derechos fundamentalmente de pequeños accionistas y ahorradores, lo que eleva el impacto y alcance del problema y hace más exigible aún la clarificación de lo sucedido y el resarcimiento a los afectados.
ADICAE acusa al Popular de los delitos de: estafa a inversores, delito societario de falsedad de cuentas, delito contra el mercado de valores, administración desleal, información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas.
