ADICAE se personará en el TJUE para destacar los argumentos, ya trasladados al Supremo y respaldados por la Fiscalía, en contra de la necesidad de que la UE se pronuncie sobre aspectos ya reiteradamente aclarados
ADICAE considera la elevación de cuestiones prejudiciales en este caso como una “patada hacia adelante” y un riesgo claro de que el Alto Tribunal Español incurra en una posición de “ridículo jurídico” y de posicionamiento palmario en contra de la acción colectiva de los consumidores y de defensa d ellos intereses del sector bancario
En Rueda de Prensa ADICAE ha destacado, en palabras de su presidente Manuel Pardos, que “el Tribunal Supremo hará el ridículo en Europa”. Y añade que “este tipo de resoluciones manifiestan un sesgo institucional anticuado en cuanto a postulados”.
En relación a la banca Pardos afirmó que “la banca española, por estos actos, no puede tener la confianza de sus clientes, ni de la ciudadanía, ni de la Justicia”.
También Pardos anunció que la asociación acudirá a todas las instituciones que haga falta, desde la primera hasta la última. “No nos cortaremos en sacarle los colores a cualquiera con el fin de que se respeten los derechos de los consumidores”.
La posición del Supremo resulta cuanto menos llamativa, al menos por tres razones.
Por una parte las preguntas que formula son sesgadas, pese a que ya tienen respuesta reiterada y consolidada, y buscan encontrar la respuesta deseada por el propio tribunal (la imposibilidad de dotar de eficacia a la acción colectiva), algo impropio de un órgano de ultima instancia como el supremo
Por otro lado, y contrariamente a lo que requiere el planteamiento de cuestiones prejudiciales, el Supremo no solo no reseña su propia jurisprudencia al respecto de las cuestiones que suscita, sino que la omite con el claro ánimo de encontrar una «falsa» justificación externa a modificar lo ya sentenciado hasta la saciedad
Por último, el Alto Tribunal omite (sólo puede entenderse que de forma deliberada) las previsiones de la legislación europea ya en vigor (la directiva de acciones de representación), frente a la que las propias preguntas del TS suponen un ataque directo.
