El Banco de España ha sancionado con 485.000 euros al Banco Santander por incumplimiento de las obligaciones legales establecidas en la normativa de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en lo relativo a la obligatoriedad de aplicar las medidas del Código de Buenas Prácticas desde que el cliente acredita encontrarse en una determinada situación económica de dificultad.
ADICAE ha considerado que esta multa es un precedente en la aplicación del Código de Buenas Prácticas, ya que se trata de la primera sanción a una gran entidad por esta medida, que en teoría, está orientada a favorecer a los usuarios más empobrecidos.
La asociación se había mostrado crítica con dicho Código porque todavía quedan muchos consumidores sin recursos en riesgo de desahucio y otorgaba arbitrariedad absoluta a las entidades a la hora de aplicarlo.
A pesar de este avance, de un total de 104.551 solicitudes de protección que han realizado los deudores hipotecarios especialmente vulnerables, se han aceptado tan solo 52.339, se han rechazado 36.368 y el 15.844 de los restantes no aparecen en los datos oficiales.
En cuanto a los cuatro grandes bancos, el porcentaje de rechazos ha sido muy elevado. El banco Santander ha recibido 12.396 solicitudes y ha rechazado 2.519, lo que supondría un 20,3% del total. El BBVA ha recibido 9.172 demandas y ha denegado un 32,4% del total. Caixabank ha recibido 23.585 solicitudes de las que un 23,1% han sido denegadas. Bankia ha recibido 8.005 solicitudes y el 22,24% han sido rechazadas.
ADICAE considera que el Real Decreto antidesahucios planteado por el Guindos se se queda excesivamente corto y que no resolvía el problema hipotecario. Tampoco soluciona el problema el actual proyecto de ley Crédito Inmobiliario, que tal y como está redactado solo responde a los intereses de la banca. Es necesario que el nuevo Gobierno impulse un verdadero cambio en la legislación hipotecaria que favorezca por vez primera a los consumidores, especialmente en materia de transparencia, vencimiento anticipado al interés de demora, como exigía ADICAE en sus alegaciones al proyecto.
