Esta medida ha sido una estrategia política de las sociedades de capital, que han conseguido por parte del Ministerio de Economía y Luis de Guindos un Decreto que, partiendo de argumentos inveraces y alarmistas, constituye un ataque a los consumidores, depositantes y pequeños ahorradores y accionistas catalanes y del resto de España, además de un precedente que abre la puerta a nuevas medidas que dejen en «papel mojado» la función y competencias de las Juntas Generales de accionistas cediendo toda capacidad de decisión a los Consejos de Administración de las sociedades de capital en detrimento de todos los principios del Buen Gobierno y de la democracia exigida por la Ley.
Pero además el gravisimo problema de la fuga de empresas que fue originado por Caixabank y Sabadell y por el Gobierno, que siguió sin necesidad la línea marcada por estas entidades, parece una maniobra política de la que se ha arrepentido el Gobierno en la últimas horas al lanzar Rajoy un llamamiento a la permanencia de las empresas en Catalunya, constituyéndose unos y otros en «bomberos pirómanos» en unas decisiones que van en contra claramente de Catalunya y de los consumidores y ciudadanos catalanes y del resto de España.
La CNMV deberá actuar a instancias de ADICAE frente a la actuación de Caixabank y Sabadell
En sus escritos presentados ante la CNMV el pasado 18 de octubre la Asociación evidencia ante el supervisor que las dos entidades han vulnerado el art. 288 de la Ley del Mercado de Valores, trasladando al mercado información falsa o engañosa sobre las verdaderas motivaciones de sus cambios de domicilio social y generando una alarma social e incertidumbres no justificadas.
Tanto en el caso de la denuncia frente a Caixabank (ACCESIBLE AQUI) como frente a Banco de Sabadell (VER AQUI) ADICAE señala que los argumentos ofrecidos por ambas entidades para decidir su cambio de domicilio carecen de veracidad, alterando el normal funcionamiento del mercado y condicionando las decisiones de los clientes y accionistas del conjunto de entidades de crédito, y no sólo de los propios, creando además un clima de inseguridad y desconfianza del conjunto de los usuarios.
Esta actuación vulnera lo exigido por la Ley del Mercado de Valores en su artículo 288, que determina que el contenido de cualquier información relevante difundida deberá ser «veraz, claro, completo» y «que no induzca a confusión o engaño», lo que constituye una infracción tipificada como muy grave, en la medida además de que esa información falsa fue trasladada a la CNMV para su difusión por parte del supervisor como Hechos Relevantes para emplear a este organismo como multiplicador del alcance de la información difundida.
Por ello ADICAE solicita a la CNMV no sólo la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores y la aplicación de las sanciones previstas en la normativa, sino también que advierta al público de las circunstancias denunciadas, a fin de evitar la extensión de los efectos del engaño y corregir los ya generados.
ADICAE eleva a Europa su denuncia del Real Decreto-ley
De forma paralea a las denuncias presentadas en España la Asociación, con el apoyo de Better Finance (la Federación Europea de pequeños accionistas y usuarios financieros de la que la ADICAE forma parte) se ha dirigido al Presidente de la ESMA (la Autoridad Europea del Mercado de Valores), así como al Parlamento Europeo y a la Comisión, trasladándoles el informe técnico elaborado por la asociación (VER AQUÍ).
En las denuncias remitidas hoy a la Comisión Europea y a ESMA, además de poner de manifiesto el ataque que la regulación aprobada constituye a los derechos de los pequeños accionistas, ADICAE destaca los efectos que iniciativas como la adoptada pueden tener en el desarrollo del Mercado Interior en la UE y en el avance hacia un Mercado Único de Capitales en el que los derechos de los consumidores y los pequeños accionistas ahorradores no queden sometidos a los intereses de los grandes operadores del mercado.
Por este motivo ADICAE reclama a las instituciones europeas que requieran al Gobierno español y a la CNMV toda la información relativa al «Decreto Caixa» e intervengan para salvaguardar los derechos de los pequeños accionistas que las iniciativas europeas están tomando como guía en las, hasta ahora insuficientes, iniciativas a nivel comunitario que además se ven «atacadas» por el texto español, que opera en detrimento de la participación efectiva de los accionistas en el mediano y largo plazo, objetivo principal de la Directiva aprobada al respecto este 2017.
Por otra parte, en su escrito a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la Asociación solicita el impulso a una regulación y medidas que, corrigiendo los déficits en los que ahonda gravemente el Real Decreto-ley español, permita establecer un adecuado nivel de derechos de los pequeños accionistas ahorradores en toda la UE y garantice el efectivo ejercicio de los mismos. Para ello y como primera medida insta al Parlamento a requerir toda la información necesaria a la Comisión Europea y al Gobierno y supervisores españoles.
