La asociación de consumidores ADICAE pedirá al nuevo Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios “un sistema universal de reclamaciones extrajudiciales que resuelva el 90% de los problemas diarios de los consumidores sin que tengan que ir a juicio”, que someta al arbitraje a todos los grandes sectores del consumo, incluido el financiero, además de ser “eficaz y gratuito”.
Así lo ha anunciado Manuel Pardos, presidente de ADICAE, durante el II Foro Europeo de Sistemas de Resolución Extrajudicial de Conflictos, que la asociación está celebrando este jueves en Madrid, en la sede de Representación de la Comisión Europea en España.
Según Pardos, “por muy buena que fuera la justicia ordinaria en España, no habrá justicia real para los consumidores si no hay un sistema amplio y eficaz de resolución extrajudicial”. Además, el impulso de estas vías alternativas desatascaría los juzgados, llenos de demandas individuales, fruto de la negativa de bancos y grandes compañías a adherirse a mecanismos como el arbitraje o la mediación.
ADICAE reúne a expertos en Derecho, Arbitraje y Consumo de 12 países para aportar las mejores propuestas de cara a la transposición en España de la Directiva 2013/11/UE. Esta norma europea persigue expresamente mejorar los sistemas de reclamaciones en cada país con el fin de generar confianza entre los consumidores y a la vez impulsar la economía.
Puntos en común entre organizaciones de consumidores y empresas
“Aunque estamos a cola de Europa porque la directiva debería haberse transpuesto antes de julio de 2015, es una gran oportunidad para elaborar entre todos una buena ley, ya que hoy estamos conociendo los aciertos y errores del resto de países en su transposición”. ADICAE publicará un estudio completo sobre la aplicación de la norma en nuestro entorno, cuyo primer avance se puede consultar aquí, y que trasladará junto a sus propuestas al Ejecutivo.
Eso sí, “no aceptaremos que el nuevo Gobierno rescate el anteproyecto de ley que hizo en su día y que por fortuna guardó en el cajón, un texto de mínimos y poco ambicioso que ni nos gustaba a las organizaciones de consumidores ni a las empresas”.
Entre otros problemas, “se dejaba fuera al sector financiero, que ha ido por libre gracias a las resoluciones no vinculantes del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros”, ha dicho Pardos. Hay otros retos que abordar, como garantizar la independencia y transparencia de los servicio de atención al cliente de las empresas; articular mecanismos de sanción en caso de incumplimiento; mejorar la acción colectiva extrajudicial; dar a conocer estos mecanismos entre la ciudadanía; o que las empresas apliquen el Reglamento ODR de reclamaciones ‘online’, de obligado cumplimiento desde enero pasado.
Tal como Pardos ha trasladado a Milagros Yagüe, subdirectora general de Arbitraje y Derechos del Consumidor de la AECOSAN, “que el Gobierno nos reúna a empresas y consumidores y verá cómo estamos de acuerdo en más cuestiones de las que cree”, empezando por la necesidad de acortar los plazos para resolver toda reclamación: la directiva da un plazo máximo de 90 días, cuando ahora se suele tardar más del doble.
Este foro se enmarca en el proyecto ‘La normativa europea de resolución de conflictos de consumo y su transposición en España, que desarrolla en colaboración con la AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición), del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
