En la mañana de este lunes ha comenzado la vista final del juicio de la demanda colectiva de ADICAE contra la venta fraudulenta de participaciones preferentes de Bankia, en la que la asociación defiende a 2.143 afectados. Antes del comienzo de la vista el secretario general de ADICAE, Fernando Herrero, ha recordado ante los medios de comunicación que este procedimiento comenzó en 2013 “por el engaño, estafa o fraude de la venta de participaciones preferentes de modo masivo por parte de Bankia”.
Para el secretario general de ADICAE «la propia celebración de este juicio es la demostración de la vergüenza de unas instituciones que no han querido, podido o sabido dar solución a un fraude masivo que a día de hoy todavía hace que la mitad de los preferentistas de Bankia no hayan encontrado una solución y sigan esperando la devolución de sus ahorros”. Herrero asegura que “ni el FROB, ni el Ministerio de Economía, ni Bankia han querido resarcir a los afectados”, víctimas de un arbitraje injusto y exclusivo a medida de la entidad. Por ello, ADICAE ha pedido que la sentencia dé la justicia que hasta ahora se le ha negado a miles de ahorradores tras un juicio que ha acreditado sobradamente el fraude masivo.
Herrero ha insistido en que las pruebas examinadas por ADICAE demuestran “el engaño masivo a una ingente cantidad de ahorradores”, y que las preferentes se colocaron “como inversiones seguras, similares a productos tradicionales como los depósitos”.
Por su parte Antonio Castro, letrado de ADICAE en el proceso, considera que estamos ante “una trama organizada desde la alta dirección para tender una trampa a los clientes. En el argumentario se daban instrucciones de venta en las que se decía que Caja Madrid era solvente, pero era 2009 y entonces ya había informes de agencias de rating internacionales que colocaban las preferentes a la altura de bono basura, especialmente las de Caja Madrid, en los que se decía además que había alto riesgo de impagos”.
Castro ha señalado que “la dirección de Caja Madrid ocultó los riesgos hasta a sus comerciales que tenían que vender preferentes diciendo que eran un producto muy seguro con alta rentabilidad, sin aclarar que esta rentabilidad estaba condicionada a que Caja Madrid tenía que tener beneficios”, algo que la dirección “ya sabía que no iba a suceder”. En opinión de Castro el clausulado examinado por ADICAE y sobre todo la práctica comercializadora en las sucursales “no supera los controles de abusividad, incorporacion y transparencia. Esperamos que se aplique la doctrina del Supremo y de la UE en una acción de cesación”, ha señalado.
