Las antiguas cajas de ahorros, tras la reestructuración bancaria convertidas en ‘fundaciones bancarias’, han venido dando de lado a la obra social desde que comenzó la crisis económica en 2008. En aquel año las entidades asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) invirtieron en obra social un total de 2.059 millones de euros. Sin embargo, en 2015 esta cifra descendió a 717, según datos oficiales de la CECA. En siete años la obra social de las cajas de ahorros se ha visto reducida en un 66%.
Esta disminución de la inversión en obra social contrasta, sin embargo, con los pingües ingresos por comisiones netas que obtuvieron estas entidades el año pasado: 4.521 millones de euros, un 4,3% más que lo obtenido en 2014 por este concepto. Es decir, invierten en obra social 6 veces menos de lo que ganan en comisiones netas. Además los beneficios de estas entidades, en 2015, alcanzaron los 2.950 millones de euros.
Desde el año 2013, cuando finalizó el grueso de la reestructuración bancaria en España, las antiguas cajas de ahorros han obtenido unos beneficios de 9.878 millones de euros. Sin embargo, en este periodo, apenas han invertido 2.197 millones de euros en la obra social. Lamentablemente las nuevas entidades que salieron tras la enésima reestructuración del sistema bancario español parecen haberse comido el patrimonio fundacional de las cajas de ahorros.
Una caja de ahorros con vocación social y territorial, perfectamente posible
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) considera urgente la creación de un nuevo modelo de banca social, y recuerda que la mejor inversión en ‘obra social’ que pueden hacer las extintas cajas de ahorros es anular las cláusulas suelo y devolver el dinero cobrado de más a los afectados, devolver el dinero atrapado en productos tóxicos como las participaciones preferentes, o rebajar sus sangrantes comisiones bancarias. Todo esto supondría que millones de familias tuvieran menos problemas para llegar a fin de mes, lo que sería mucho más efectivo que la mayoría de proyectos de ‘obra social’ que financian las fundaciones bancarias.
ADICAE considera que las fundaciones de las cajas de ahorros deberían quedarse parte suficiente del accionariado para desarrollar la obra social de las cajas y no dejarlas abandonadas con arreglo al artículo 32 de la Ley 26/2013 de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. La asociación cree imprescindible impulsar cambios que obliguen a las entidades de crédito a dotar un porcentaje mayor de sus beneficios a obra social, para alcanzar por lo menos el 45% de los mismos, porcentaje muy alejado del promedio del 22% que han destinado en los últimos 3 años.
Asimismo ADICAE también apuesta por nuevos nombramientos de patronos de las fundaciones, que cumplan realmente con lo expuesto en el artículo 38 de la de la Ley 26/2013 de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, que los define como el “máximo órgano de gobierno y representación de las fundaciones bancarias. Corresponde al patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación”. Los patronos de las actuales fundaciones bancarias son una continuidad arbitraria, caciquil y politizada además de ser aquellas personas que llevaron a la quiebra las cajas de ahorros.
Dentro de estos patronatos, además, debe haber entidades representativas de los intereses colectivos de la ciudadanía y por ello se debe tener en cuenta a las asociaciones de consumidores, para que ejerzan una función especial de control del patrimonio de las cajas de ahorros y que las acciones que desarrolle el patronato vayan encaminadas hacia una verdadera obra social.
Por todo ello ADICAE ha exigido a todos los grupos políticos, en reuniones de trabajo mantenidas en los últimos meses, la puesta en marcha de un nuevo modelo de caja de ahorro, contrario a los abusos y los desequilibrios que se produjeron durante la burbuja inmobiliaria y de los que los bancos tampoco son inocentes. Una caja de ahorros con vocación social y territorial, que dé la importancia que se merece al fomento de actividades productivas sostenibles y al buen trato de la clientela minorista, y que no comercialice indebidamente productos tóxicos o complejos a ahorradores de a pie, es perfectamente viable y aconsejable.
