En el clásico juego de mesa ‘Monopoly’ la banca casi siempre gana. En España, lamentablemente y salvo algunas victorias de las asociaciones de consumidores, parece que también. Y, a veces, esto ocurre incluso por la propia acción de las administraciones públicas, que provocan como ‘daño colateral’ que las entidades financieras sigan engordando el negocio de las comisiones bancarias. Tal es el caso, por ejemplo, del Reglamento General de Recaudación, que sistemáticamente incumple el Gobierno de turno.
El artículo 33 de dicho Reglamento indica que el pago de las deudas que los ciudadanos tengan con la administración “podrá realizarse en las cajas de los órganos competentes, en las entidades que, en su caso, presten el servicio de caja, en las entidades colaboradoras y demás personas o entidades autorizadas para recibir el pago, directamente o por vía telemática, cuando así esté previsto en la normativa vigente”. Sin embargo el Gobierno incumple esta legislación, al menos, a la hora de pagar los cursos de That’s English, las matrículas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), tasas del Ministerio de Sanidad, pago de impuestos como el IBI en algunas ciudades…
En los cursos de That’s English solo se da la opción de pagar con tarjeta bancaria, PayPal o en una sucursal de BBVA… que cobra 5 euros de comisión. Esto ocurre en toda España salvo en Aragón, donde una denuncia presentada por ADICAE motivó que BBVA quedase excluido como forma válida de pago. Alrededor de 80.000 alumnos cursan estos estudios de inglés a distancia ofrecidos por el Ministerio de Educación y que en septiembre abrirán sus plazos de matriculación para el curso 2016 – 2017.
En la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) las opciones pasan por pagar a través de banca online o mediante el Banco de Santander, que cobra como mínimo 10 euros de comisión. Y diversas tasas del Ministerio de Sanidad solo pueden pagarse a través de banca online o mediante entidades financieras colaboradoras -fundamentalmente CaixaBank- que también cobran diversas comisiones por ello.
Abocar a los consumidores a pagar estos y otros servicios dependientes de las administraciones públicas a través de entidades financieras o pasarelas de pago es contrario a la legislación vigente que se ha señalado, y un abuso que los consumidores no deben permitir, y mucho más teniendo en cuenta que las comisiones que cobran las entidades financieras resultan desproporcionadas en relación a los servicios prestados y, en muchas ocasiones, respecto a los importes ingresados.
Es más, estas comisiones contravienen el apartado 4 del artículo 82 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, pues representan una práctica bancaria que determinaría falta de reciprocidad, ya que se cobra una comisión que no se corresponde o remunera, en contraprestación, un servicio prestado al ciudadano que efectúa el ingreso en ventanilla o caja.
Esta situación genera una total indefensión en los consumidores, que no tienen información de las comisiones de forma previa a la realización de los ingresos. Nuestra asociación anima a todos los consumidores y usuarios que hayan sido víctimas de este abuso a que contacten con la sede de ADICAE más cercana a su domicilio para iniciar las correspondientes acciones en defensa de sus legítimos derechos.
