Algo se está moviendo en el movimiento consumerista en los últimos años. La brutal crisis financiera de la que han sido injustas víctimas los usuarios-ciudadanos ha precipitado la llegada de un consumidor más crítico, que defiende con más ahínco sus derechos y que es más intransigente ante los abusos que desfilan habitualmente en la operativa bancaria.
Todo ello se ha unido a la tradicional litigiosidad del sector financiero, que en las dos últimas décadas ha dejado un reguero de escándalos y fraudes masivos como AVA, Gescartera, Investahorro, las academias de Inglés (Opening, Cambridge, Oxford, Wall Street), Fórum Afinsa y Arte y Naturaleza, Bonos referenciados en productos emitidos por Lehman Brothers, claúsulas suelo en las hipotecas, clips hipotecarios -conocidos como swaps- participaciones preferentes, deuda subordinada y otros productos tóxicos de ahorro colocados a millones de familias por la práctica totalidad de entidades financieras… el último ejemplo de esta bochornosa lista es la salida a Bolsa de Bankia, realizada con información falsa tal y como ya ha dictaminado el Tribunal Supremo y con la que la entidad atrapó los ahorros de, aproximadamente, más de 340.000 familias.
Estos fraudes suelen ser masivos y realizarse conforme al mismo patrón: complejidad del producto unido al engaño en la información que se da a los usuarios, contratos plagados de cláusulas abusivas, negligencia de los organismos reguladores (tanto CNMV como Banco de España o Ministerio de Economía), abuso de posición de superioridad por parte de las entidades, etc. Estos abusos sistemáticos, que mueven cifras astronómicas tanto de afectados como de ahorros de familias perdidos o cautivos “sine die”, requieren una respuesta contundente, eficaz y directa por parte de todos los implicados en el sistema extrajudicial de resolución de conflictos.
Es evidente que los abusos y fraudes colectivos y sistemáticos únicamente pueden tener una respuesta igualmente colectiva. Pretender que los afectados, ya castigados por los efectos del propio fraude, tengan que acudir a la vía judicial de uno en uno y abonando además los gastos, es una maniobra interesada y orquestada por el sector bancario y financiero con la complicidad de los reguladores, e incluso a veces hasta del sistema judicial de los sucesivos gobiernos para conseguir que como mucho lleguen hasta el final el 5 o 10% de los abusos que a sabiendas ha cometido el banco en cuestión. Por ello, en los casos que acaben dirimiéndose en los tribunales, resulta imprescindible potenciar las demandas colectivas judiciales, un instrumento que la legislación prevé y reserva para organizaciones de consumidores como ADICAE para defender a los consumidores ante fraudes masivos como los relatados. Poco a poco la Justicia acepta cada vez más demandas colectivas. Esta vía que ha encontrado demasiadas trabas, especialmente desde la banca, que siempre intenta desagrupar las demandas colectivas.
Un clima de inseguridad jurídica perjudicial para bancos y clientes
Este planteamiento de prácticamente total impunidad para los abusos ha generado un clima de auténtica inseguridad e insatisfacción que ha alterado el normal funcionamiento del sistema financiero y las relaciones entre clientes y entidades. Por otro lado, el Gobierno, que hasta ahora solamente ha puesto trabas a la defensa de los derechos de los afectados, debe apostar justamente por lo contrario: impulsar una reforma clara y completa de la legislación sobre acción colectiva que permita a organizaciones legítimas y representativas de consumidores y usuarios como ADICAE defender los intereses de todos los consumidores y, en particular, el de los consumidores que quieran reclamar en defensa de sus intereses y derechos.
El clamoroso fraude de la salida a Bolsa de Bankia es la próxima oportunidad para que se articule un sistema extrajudicial de resolución de conflictos auténticamente colectivo y universal. En el caso de las participaciones preferentes y otros productos híbridos, fue absolutamente clamoroso el uso interesado que se hizo de la figura del arbitraje de consumo desnaturalizado que resolvió de forma discrecional el problema aproximadamente a la mitad de las víctimas de los fraudes.
Un mecanismo extrajudicial rápido, eficaz y que ADICAE siempre ha defendido como modelo para la resolución de los conflictos (evitando así su judicialización automática fue utilizado miserablemente por las entidades financieras con la annuencia del FROB para instrumentar los canjes de las entidades financieras nacionalizadas. De esta forma, el arbitraje acabó siendo un elemento no universal, en el que las propias entidades eligieron a qué personas se le concedía de antemano, quedando el laudo arbitral como la escenificación de un acuerdo entre afectado y entidad que alcanzó a un porcentaje muy bajo del total de los afectados.
En definitiva, los consumidores se vieron abocados a la vía judicial para la que contaron y seguirán contando con ADICAE. La única asociación que lucha por que se haga valer el significado de acción judicial colectiva, con la que se han llenado la boca desde el ámbito europeo, pero que a España ha llegado tremendamente descafeinada y esquilmada por el lobbie de las entidades financieras, que se oponen agresivamente y poniendo todos los obstáculos posibles para doblar el poder judicial a su favor.
Bankia, FROB, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Banco de España, CNMV… todos los agentes implicados en la resolución del fraude colectivo de la salida a Bolsa de Bankia deben poner de su parte para que no se repita el bochornoso espectáculo de un arbitraje sesgado e interesado. ADICAE apuesta por la resolución extrajudicial del conflicto, beneficiosa para afectados, Estado (propietario del 60% de Bankia) e incluso la propia entidad, que se ahorraría las costas judiciales. ADICAE continúa realizando asambleas informativas en toda España informando a los afectados sobre las vías de resolución y preparando las pertinentes acciones colectivas para conseguir la devolución total del dinero para todos los afectados.
