Tras lograr el fin de la doble comisión y forzar al Ejecutivo a regular el coste de sacar dinero del cajero, ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) inicia nuevas acciones para defender a los consumidores.
El análisis del sector realizado por ADICAE indica que la mayoría de las entidades emisoras de tarjetas repercute a sus clientes el 100% de la cuantía de las comisiones que fijan los dueños de los cajeros, que, en su mayoría, rondan los 2 euros, una cantidad abusiva y desproporcionada.
Por ello, según su presidente, Manuel Pardos, “ADICAE solicita la actuación inmediata del Gobierno en funciones para que dé la cara y cumpla lo que anunció”, el mismo Gobierno que aseguró hasta en el Parlamento que el nuevo sistema sería “más barato” y que calificó de “desorbitado” y “sin justificación” pasar a cobrar de 0,75 a 2 €.
La asociación se va a dirigir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que se pronuncie y actúe ante una realidad que le anticipó ADICAE en sus denuncias de 2015: la actuación oligopólica de CaixaBank, BBVA y Santander.
Con una posición dominante al poseer el 44% de los cajeros, el ‘triunvirato’ de la banca española estaría perjudicando la competencia y al consumidor tras imponer tarifas caras y similares (2, 1,87 y 1,85 € respectivamente) que arrastran al sector.
ADICAE recuerda que, según las resoluciones de la CNMC, las comisiones deben responder al coste real del servicio. Sin embargo, La Caixa, que presume de obra social y se define como entidad “con alma”, ha cuadruplicado su comisión -de 0,51 a 2 €-.
Paralelamente, ADICAE va a pedir al juez José María Fernández Seijo que CaixaBank devuelva cada importe de 2 € que cobró ilegalmente de marzo a septiembre a los clientes de otros bancos que utilizaron sus cajeros, lo que sumaría más de 16 millones.
Ha sido en la audiencia previa al juicio contra CaixaBank, que se celebraba hoy en el Juzgado Mercantil 3 de Barcelona, después de que el magistrado admitiera a trámite la demanda colectiva que la asociación interpuso contra el banco el pasado 9 de octubre.
“Si no se devuelve el dinero ganado de forma ilegítima, se sentaría un gravísimo precedente al permitir un claro incentivo al abuso sistemático”, ha resaltado Pardos.
