ADICAE participó el pasado 23 de abril en la Junta de Accionistas de Caixabank en representación de los pequeños accionistas que han delegado su voto en la asociación. Durante la intervención, se ha señalado que no van a lavar la imagen de la entidad con una “obra social” que apoya a bancos de alimentos que se nutren de personas a las que La Caixa ha llevado al desahucio cuando han conseguido 105 millones de euros de beneficio en el primer trimestre de 2015 por la aplicación de las cláusulas suelo en sus hipotecas.
Además, la asociación recordó que la entidad había establecido una comisión de dos euros a los no clientes en cada retirada de efectivo en cajeros (comisión que ADICAE ha denunciado ante el Banco de España, la CNMC y la Autoridad Bancaria Europea), que acabará perjudicando a los clientes de la entidad, al provocar un “efecto cascada” en el que el resto del sector seguirá la misma pauta generando un aumento de comisiones también para los clientes de Caixabank. Estos son algunos de los motivos que han hecho que 200.000 clientes pierdan la confianza en la entidad y se marcharan durante el 2014, como se señaló en la intervención.
A continuación, se transcribe la intervención completa de ADICAE:
“Buenos días, comparezco en esta Junta de Accionistas en nombre de ADICAE en representación de los pequeños accionistas y en defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras. Una Junta General de Accionistas que no deja de ser, sin embargo, la escenificación de un modelo de gobierno donde el control absoluto está en manos del Consejo de Administración, el Comité de Dirección y el Consejero Delegado. Relegaban y menospreciaban la capacidad de decisión e incidencia de los impositores cuando eran una caja de ahorros y lo siguen haciendo ahora de forma más agravada.
Hoy no podemos aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2014 ni la gestión del Consejo de Administración que nos han presentado. Las cuentas reflejan numerosos datos a mejorar, aunque los beneficios se dupliquen en relación al ejercicio anterior. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en los beneficios del año 2013 no se incluyeron 267 millones de euros del impacto del nuevo registro contable del Fondo de Garantía de Depósitos ni los 839 millones de euros de gastos del proceso de reestructuración del grupo.
Y, por supuesto, perder 200.000 clientes durante el año 2014 indica poca confianza de la clientela en la gestión de la entidad; muy probablemente vinculada a la continuidad de los abusos o al hecho de que cada vez fluya menos crédito a la economía productiva y a las familias.
La ratio de morosidad, aunque ha bajado, sigue estando en el 9,70%. Sin embargo, y un año más, llama la atención que el 4,1% de las hipotecas de la entidad hayan incurrido en mora, si tenemos en cuenta que hace dos años esta cantidad era del 2,8%. Muy probablemente, el aumento de esta cifra venga motivado por la inclusión de condiciones abusivas en las hipotecas de la entidad, como lo han hecho con los swaps y como lo siguen haciendo todavía hoy en día con las cláusulas suelo. Sólo teniendo en cuenta los clientes de Credifimo y de Cajasol la cifra ya alcanza las 185.000 hipotecas con la limitación de la variabilidad del tipo de interés. Unas prácticas comerciales abusivas que tenían y siguen teniendo un único objetivo: engordar sus balances, sin ningún tipo de escrúpulos, utilizando una estrategia de expolio al ahorro popular. Les volvemos a instar a valorar la difícil situación de estas familias y a encontrar una solución urgente para todas ellas. Estamos pendientes de la resolución de las medidas cautelares de la macrodemanda de ADICAE de cláusulas suelo, pero el Tribunal Supremo ya ha confirmado la abusividad de las cláusulas suelo. ¿Qué más necesita CaixaBank para dejar de cobrar a los consumidores de más por estas condiciones abusivas en sus préstamos hipotecarios? No sólo no las sacan sino que se resisten a renunciar a unos beneficios que no les corresponden y recurren cada sentencia que se dicta en su contra.
Posiblemente, su descenso de clientes también se debe a los productos de ahorro-inversión. Llama la atención que los ingresos por comisiones de seguros y planes de pensiones hayan sufrido un aumento del 21,2% y del 38,4% en los fondos de inversión. Hay que recordar a la entidad que estos productos no pueden ser ofrecidos masivamente, se debe dar al cliente una información clara, sencilla y suficiente que le permita tomar la decisión más conveniente para sus intereses. No se pueden cometer los mismos errores que los ocurridos con la comercialización de aportaciones de Eroski, Fagor, las famosas preferentes o deuda subordinada.
Tampoco aprobamos unas cuentas que se sostienen, en parte, por el incremento de las comisiones en los servicios más básicos de la entidad que, paralelamente, ofrece cada vez una rentabilidad más baja para los depositarios. Hablamos de un aumento de 65 millones de euros en comisiones netas donde, además, destacan por el dudoso honor de ser la primera entidad que establece una comisión de dos euros a los no clientes en cada retirada de efectivo en cajeros (incluso de la misma red). ADICAE, de hecho, ha denunciado esta mala práctica ante el BdE, el Ministerio de Economía, la CNMC y la Autoridad Bancaria Europea, que deriva del intento de la banca de compensar su pérdida de ingresos tras la regulación de las llamadas tasas de intercambio elevando las comisiones a los consumidores. ¿Cuando piensan retroceder en esta mala praxis que contraviene el artículo 12 del Real Decreto de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que prohíbe repercutir a los consumidores?
Así también, votaremos en contra de la escandalosa retribución del Consejo de Administración que durante 2014 alcanzó los 21,2 millones de euros. Joan Maria Nin recibió una indemnización de 15,08 millones cuando fue destituido el 30 de junio como Vicepresidente y Consejero Delegado. Han cobrado 4 veces más que el año pasado y 1,2 millones de euros más si no se tiene en cuenta la indemnización. Retribuciones desproporcionadas que no concuerdan con el valor que aportan a la sociedad. También nos oponemos al nivel de retribución variable por los 80 trabajadores «clave» de la entidad sin ni siquiera conocer sus funciones y responsabilidades.
Podríamos seguir con muchos otros temas, pero hoy tampoco queríamos pasar por alto la transformación definitiva de «la Caixa» en fundación bancaria. Como el resto de cajas de ahorro, La Caixa tenía un estatuto legal sin propietarios y controlado por un consejo del que formaban parte diferentes estamentos sociales, incluidos representantes de sindicatos y, supuestamente, los impositores y clientes. Sin lugar a dudas, este sistema, más que dudoso para su práctica fraudulenta y de manipulación de la única representación válida como era la de los clientes, no posibilitó ningún control social efectivo y sí que permitió la corrupción generalizada como sistema de la que sólo se ha descubierto, hasta ahora, la punta del iceberg. Los directivos de las cajas fueron hábiles a la hora de eludir este control y actuar como un núcleo autónomo, además de liderar el proceso de bancarización de las antiguas cajas de ahorro contra la ciudadanía, auténtica propietaria moral de las cajas de ahorro populares. Hay que recordar que Isidro Fainé fue nombrado presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) en 2010, por el gobierno de Zapatero y sostenido por el gobierno de Rajoy, desde donde ha pilotado el proceso de bancarización del sistema de cajas con los conocidos resultados de la quiebra. De hecho, La Caixa y otros, llevaban años preparándose para la privatización y crearon su filial, Criteria, que operaba en los mercados financieros en la que se agruparon buena parte de las filiales del grupo.
El mecanismo que ha permitido un salto adelante en esta privatización ha sido la creación de las fundaciones bancarias. En el caso de CaixaBank, aparentemente propiedad de la obra social, bajo el eslogan «El alma de la Caixa» utilizado por la entidad, traspasó su participación del 58,91% de CaixaBank en Criteria. De este modo, la Fundación Bancaria ha pasado a ostentar su participación en CaixaBank a través del holding Criteria. Un proceso de bancarización hecho a espaldas de los intereses de los consumidores que fue posible por las emisiones de participaciones preferentes y deuda subordinada que capitalizaron CaixaBank situándola en la cúspide del sistema bancario español; capitalización hecha por los consumidores de todo el Estado que afortunadamente pudieron recuperar sus ahorros gracias a la intervención eficaz de defensa de sus derechos realizada por ADICAE. Lo que se ha creado con esta fórmula de fundación bancaria es un nuevo tipo de «propietarios» sin capital, pero que en la práctica tienen o pueden tener el control del banco. Para poderlo comprobar, sólo hay que ver los nombres de los dirigentes del patronato de la Fundación designados a dedo y muy lejos de establecerse por un sistema mínimamente representativo y democrático.
La fundación, además de poseer el control del capital del holding Criteria y Caixa Bank, tiene a su cargo la gestión de la obra social. Y resulta palpable que allí donde interviene impone sus propios criterios, produciendo el efecto de que parte de las políticas sociales, lejos de estar diseñadas a partir de un debate social abierto, se orientan por lo que deciden los tecnócratas de la Fundación la Caixa.
Y podríamos seguir hablando de cuantos medios de comunicación controlan y de cómo ejercen su presión callando cualquier crítica a la entidad. No hagan volar más palomas vistiendo su imagen pública de un alma social inexistente y solucionen los problemas de los consumidores derivados de sus prácticas abusivas.”
