Las compañías petrolíferas continúan negándose a trasladar al consumidor final las bajadas del precio del petróleo. Lejos de ello, la gasolina ha vuelto a subir. Así lo asegura el último Informe Mensual de Supervisión de Distribución de Carburantes en Estaciones de Servicio publicado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que indica que el precio de venta al público de la gasolina 95 en Península y Baleares se disparó un 6,8%, tratándose de la primera subida en ocho meses y situándose en 1,215 euros por litro de media. También subió el precio promedio del gasóleo A, un 6,3% respecto a enero, situándose en 1,148 euros por litro en su primera subida en los últimos seis meses.
España continuó en los puestos de precios antes de impuestos de los carburantes más altos de la Unión Europea, ascendiendo varias posiciones, con respecto a enero de 2015, en el ranking de precios, asegura la CNMC. Esta alza en el precio de la gasolina no se corresponde con un aumento del precio del barril de petróleo. Al contrario, según diversos informes del sector el precio del barril Brent ha bajado alrededor de un 1% desde comienzos del mes de febrero.
Ante esta situación ADICAE se dirigió ya en noviembre de 2014 a la CNMC para advertir de este desajuste abusivo con los consumidores, e instar a profundizar en la investigación que la CNMC ha abierto sobre estas prácticas de manipulación de precios que producen que los consumidores no se beneficien de las bajadas en la materia prima.
Además ADICAE solicitó al presidente de la CNMC que instase al Gobierno a tomar las medidas legislativas necesarias para que estas investigaciones no finalicen solo con multas para las empresas que han practicado conductas prohibidas para reducir la competencia, sino que también prevean fórmulas de resarcimiento para los consumidores que las han sufrido.
Hace varias semanas Competencia multó a varias petroleras con 32,4 millones de euros por pactar precios, una multa irrisoria, ya que apenas suponen un elemento desincentivador a la creación de estos carteles encubiertos. El Gobierno, más pronto que tarde, debería legislar sobre la implementación de mecanismos compensatorios a los consumidores que han sufrido conductas prohibidas por parte de las empresas.
