Este martes tendrá lugar una reunión decisiva en Bruselas entre ministros de Industria y Energía y representantes parlamentarios en el marco de las políticas de transporte y carburantes, ante la cual Coalición Clima -plataforma ciudadana de la que forma parte ADICAE- ha enviado una carta al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la que pide que el Gobierno español cese en sus políticas de apoyo a los agrocombustibles más impactantes y dañinos para el medio ambiente.
“En el momento actual de las negociaciones, es imprescindible alcanzar un acuerdo que reduzca el uso de aquellos biocarburantes dañinos para el medio ambiente y las comunidades” explica la carta enviada a Soria. Para las plataformas firmantes, “el Gobierno español está a tiempo de corregir sus posturas respecto a las negociaciones previas, alejarse de las posiciones de aquellos estados menos comprometidos con la lucha contra el cambio climático y el derecho a la alimentación”.
La misiva también alerta del riesgo de que España sea sancionada por la Comisión Europea por no aplicar los criterios de sostenibilidad para los biocarburantes recogidos en la directiva de energías renovables, conocida como Directiva RED. Una de las consecuencias del uso de estos agrocombustibles es la “presión alcista en el precio de alimentos básicos”, se explica en la carta. “El respeto al derecho a la alimentación exige que el Gobierno español active de forma inmediata el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad recogidos en la Directiva RED”, se indica en la misiva.
En las negociaciones que tienen lugar en Bruselas, son tres los principales elementos a debate: el límite en el uso de agrocombustibles de primera generación (los fabricados a partir de materias agrarias) para reducir su competencia por alimentos y suelos cultivables; cómo contabilizar las emisiones derivadas de cambios indirectos en los usos de suelo, conocidos como ILUC; y el fomento de biocarburantes de segunda generación, es decir, aquellos cuya materia prima no son alimentos.
Las plataformas firmantes consideran la posición defendida por el Gobierno español y el Consejo “muy alejada de la respuesta necesaria a las crisis climática, energética o alimentaria”. Denuncian tanto la batería de medidas para no contabilizar las emisiones indirectas por ILUC, como el límite en el uso de agrocombustibles de primera generación del 7% defendido por el Consejo (frente al 5% propuesto por la Comisión o el 6% que defiende el Parlamento, y que incluye también cultivos energéticos), que prioriza “la protección de las inversiones realizadas para la fabricación de agrocombustibles, que en el caso español, no respondieron a ninguna planificación o estimación de consumos razonables, ni a la disponibilidad de materias primas autóctonas excedentarias”.
Los firmantes instan al ministro Soria a contribuir en las negociaciones a alcanzar un acuerdo que limite al máximo el consumo de agrocombustibles; incluya lo antes posible -en base a los últimos estudios científicos- los factores ILUC en la contabilidad de las emisiones; y promueva únicamente aquellos biocarburantes avanzados cuya producción o consumo sea realmente sostenible. La clave para un transporte europeo más sostenible es, para las organizaciones firmantes, “una reducción sustancial de sus elevadísimos consumos energéticos, mediante medidas de gestión de la demanda, de ahorro y eficiencia energética, y mediante políticas de movilidad sostenible.”
