El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado en el Debate sobre el Estado de la Nación una reforma del Código de Buenas Prácticas bancarias para que incluya una disposición para que las personas acogidas al mismo se puedan beneficiar también de una «inaplicación definitiva» de las ‘cláusulas suelo’. Una medida totalmente ineficaz y exigua, tal y como ha señalado en rueda de prensa el presidente de ADICAE, Manuel Pardos.
Para Pardos las cláusulas suelo “han llevado al sobreendeudamiento a cientos de miles de familias, que sí podrían pagar una hipoteca normal pero que, con la cláusula suelo, se han quedado con tipos de interés del 3,5% o 4%. Esto es una gran injusticia teniendo en cuenta que los tipos de interés del Banco Central Europeo están al 0,5% y que el Euribor actual ronda el 0,3%”.
Pardos ha señalado que el Gobierno parece querer reducir esta solución “solo a colectivos vulnerables”, y ha insistido en que “la anulación de la cláusula suelo no debe ser solo un derecho para este tipo de colectivos, sino que debe ser universal”, insistiendo además en que “hay miles de sentencias en los que los jueces no solo anulan las cláusulas suelo, sino que además están obligando a la banca a devolver el dinero cobrado de más”.
“Si esta medida se reduce a los colectivos más vulnerables se habrá cometido una injusticia y, una vez más, se habrá legislado a favor de la banca, que viene disfrutando de los millones de hipotecas a las que no se les ha quitado la cláusula suelo, incluso después de que el Tribunal Supremo se haya pronunciado por su nulidad”, explica el presidente de ADICAE.
Manuel Pardos considera que, si el Gobierno no anula las cláusulas suelo, al final “acabarán sancionando a España en la Unión Europea, porque las reclamaciones ya están llegando a instancias europeas, y la legislación española es totalmente anticuada e injusta”. Por ello, ha insistido en que “si el Gobierno quiere que sus medidas sean de política social real, tendrá que anular las cláusulas suelo”.
Es necesario un proceso concursal específico para los consumidores
Otra de las medidas anunciadas por el Ejecutivo en el Debate sobre el Estado de la Nación es que “se habilitará en la Ley Concursal que las personas naturales puedan liberar las deudas que queden impagadas tras ejecutar las garantías y sus bienes”, según el propio Rajoy.
El presidente de ADICAE considera que, para que esta medida sea eficaz, al menos debería darse un plazo de “tres años” para que las familias pudieran reestructurar sus deudas. “Se ha anunciado que puede haber un acuerdo extrajudicial o que el deudor puede exonerar las deudas remanentes que, en el caso de las deudas de las ejecuciones hipotecarias, suelen ser perpetuas. Veremos cómo se traduce esta promesa. El Gobierno tiene su última oportunidad, aunque ha tenido ya muchas, para legislar a favor de las familias. Tras el rescate bancario tiene que llegar el rescate para las familias y los consumidores”, ha enfatizado Manuel Pardos.
Asimismo, Pardos ha recordado que “más de dos millones de familias están al borde de la pobreza en España, y más de 100.000 personas al año pierden sus viviendas”, por lo que “las condiciones que debería cumplir una buena ley de segunda oportunidad son que sea universal y para toda la gente que estuviera en situación de sobreendeudamiento”. Pardos ha insistido en que el Gobierno tiene “encima de la mesa” una propuesta de reforma de la Ley Concursal hecha por ADICAE “para que nuestra legislación se pusiera al mismo ritmo de todas las legislaciones europeas normales”.
Lo deseable sería que, una vez resuelto el concurso, las familias ya no mantuvieran deuda alguna, y que además “los costes sean mínimos para los particulares y los procedimientos sean rápidos, de unos 6 meses”, ha explicado el presidente de ADICAE.
“Si el Gobierno quiere que sus medidas sean de política social real tendrá que aprobar alguna de estas propuestas. Con esto pensamos que avanzaría la economía española, especialmente si los bancos perdonan la deuda de las familias o quitan las cláusulas suelo, que dan beneficios fraudulentos como fraudulenta fue su imposición. Esto ayudaría al país a salir de la crisis, ya que son problemas graves de nuestra economía”, ha remarcado Pardos.
Los Códigos de Guindos, francamente insuficientes
El presidente de ADICAE también ha hecho balance de las reformas hipotecarias impulsadas por el Gobierno en los últimos años. “En España los acuerdos con la banca no son fáciles, han preferido conservar la deuda y embargar las viviendas sin dar ninguna oportunidad a las familias, como por ejemplo el alquiler social. Y han preferido vender miles de viviendas a fondos buitre, con dudosos procedimientos. Además, a las familias les sigue quedando una deuda mucho mayor de la que tenían, a causa de las costas judiciales, lo que hace que el proceso de ejecución hipotecaria sea todavía más injusto”.
Pardos, además, ha ironizado sobre quién va a redactar las referidas promesas del Gobierno sobre la ley de segunda oportunidad y las cláusulas suelo. “Espero que no lo haga De Guindos, porque si lo hace él puede salir una legislación tan inoperante e injusta como los dos decretos de Buenas Prácticas Hipotecarias”.
Con estos dos códigos el Gobierno solo ha conseguido realizar 12.000 reestructuraciones de deuda, y gestionar 3.500 daciones en pago. “Son cantidades claramente insignificantes para el grave problema hipotecario que tiene España, donde se han iniciado más de 570.000 ejecuciones hipotecarias desde 200/, ha indicado el presidente de ADICAE.
