La CNMC acaba de publicar su Informe Anual de ayudas públicas en cumplimiento de la normativa nacional de competencia; su balance confirma que las «ayudas regulares» a la economía productiva alcanzaron los 3.944 millones de euros, lo que equivale al 0,38% del PIB, manteniendo la trayectoria descendente respecto a 2011. Y que, sin embargo, las entidades financieras se llevaron más de 140.000 millones en diversos mecanismos de ayuda.
Sobre las ayudas al sector financiero, dice la CNMC, de acuerdo con la metodología de la Comisión Europea, en España «en 2012 las medidas de recapitalización alcanzaron 40.418 millones de euros (3,85% del PIB), el rescate de activos deteriorados 25.533 millones de euros (2,43% del PIB), las garantías representaron un compromiso de gasto de 71.696 millones de euros (6,86% del PIB) y el resto de medidas de liquidez 3.475 millones de euros (0,33% del PIB).
Esto es, el 13% del PIB español en 2012 fue a parar a ayudas directas a las entidades financieras, que ya el año anterior se llevaron un buen pico, por encima de los 83.000 millones de euros. O lo que es lo mismo, más de 225.000 millones de euros han sido puestos a disposición de la banca para recapitalizarse, eludir su situación de quiebra y cargar a los consumidores con sus irresponsables y abusivas prácticas durante los años del boom.
[entresacado]Se trata de cifras que suponen que entre el 95 y el 98% del volumen total de las subvenciones otorgadas por las administraciones públicas para empresas se va a la banca, a un puñado de entidades, una docena apenas[/entresacado]Se trata de cifras que suponen que entre el 95 y el 98% del volumen total de las subvenciones otorgadas por las administraciones públicas para empresas se va a la banca, a un puñado de entidades, una docena apenas. Esto demuestra el enorme agujero negro que ha representado el sistema bancario español para la economía del país, detrayendo recursos que podrían estimular otros sectores y ayudar a la recuperación de la economía.
A esta inyección de dinero público se añaden al menos 100.000 millones más costeados directamente por los consumidores en diversos fraudes como las preferentes o las cláusulas suelo, aparte de intereses abusivos, comisiones leoninas… El abuso al consumidor sigue guiando la reestructuración bancaria con la complicidad de las autoridades españolas y europeas, que advirtieron de efectos funestos si no se realizaba de esta manera. Sin embargo, Competencia recuerda que «la concesión de ayudas públicas constituye una forma de intervención en la economía que puede alterar el funcionamiento de los mercados».
Eso sí, 2014 volverá a ser un año favorable para las entidades bancarias en España, que declararon un beneficio total de cerca de 2.250 millones de euros en apenas los tres primeros meses del año. No servirán estos beneficios, como tampoco los de años pasados, para devolver los múltiples rescates que los consumidores hemos puesto de nuestros bolsillos, una intervención económica en toda regla, eso sí, dirigida a unos pocos poderosos y no al conjunto de la ciudadanía.
