Compañías relacionadas con los medios de transporte e infraestructuras cuentan con representantes de la banca en sus Consejos de Administración, además de participación directa de los banco al ser propietarios de porcentajes de su accionariado. El porcentaje de acciones que tienen los bancos en estas compañías les asegura tomar decisiones en los Consejos de Administración y en las Juntas de Accionistas, donde pueden proponer a los consejeros y tomar decisiones. Después de analizar los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los informes anuales de las entidades y las webs corporativas de las empresas, encontramos que la banca participa en hasta 53 empresas relacionadas con el transporte.
El consejero de Bankia, Joaquín Ayuso García, es el vicepresidente segundo de la compañía Ferrovial, empresa constructora de infraestructuras que cuenta con concesiones para la gestión de autopistas y aeropuertos, entre los que encontramos la autopista de Madrid-Levante, la Autopista del Sol y el Aeropuerto de Heathrow (Reino Unido), entre otros. Ayuso también está presente en el Consejo de Administración de la compañía de autobuses y trenes National Express Group PLC, junto con Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo, también consejero de Bankia. Cosmen es presidente a su vez de la compañía de autobuses ALSA, que desde el 2005 pertenece a National Express Group, y es fundador de Metros Ligeros de Madrid, el tranvía público que une la periferia de la ciudad de Madrid con la capital.
Del Banco Santander, encontramos a Juan Miguel Villar Mir como presidente del Grupo OHL, grupo de concesiones y construcciones de ferrocarriles e infraestructuras de transporte. El grupo participa también en Abertis Infraestructuras con el 18,925% de las acciones, donde Juan Miguel Villar Mir actúa como vicepresidente en representación de OHL.
El Santander no es el único banco presente en Abertis Infraestructuras, Caixabank es propietaria del 19,22% de la empresa por medio de Criteria CaixaHolding. Abertis es líder mundial en autopistas de peaje y tiene más de 1.500 kilómetros de autopistas en España, entre las que encontramos Zaragoza-Barcelona, Sevilla-Cádiz, Bilbao-Zaragoza y Madrid-Guadalajara, entre otras. Entre los miembros de su Consejo de Administración, encontramos en representación de Caixabank a Isidre Fainé, presidente de Caixabank y vicepresidente de Abertis con el 0,008% de participación; Marcelino Armenter Vidal (0,001%), Susana Gallardo Torrededía y Juan María Nin Génova. En total, el 38,154% de Abertis está controlado por la banca. La empresa de gestión de aparcamientos Saba Infraestruturas pertenece en un 50,10% a Caixabank, que está representado en su Consejo de Administración por el presidente, el consejero delegado y cinco consejeros, entre los que encontramos a María Dolores Llobet María, consejera también del banco.
En la compañía aseguradora Allianz, especializada sobre todo en seguros de coche y moto, encontramos a Ángel Carlos Ron Güimil, presidente de Banco Popular, y a Vicente Tardio Barutel, consejero del banco y presidente de la aseguradora. La consejero de BBVA, Lourdes Maíz Carro, es, además, la secretaria del Consejo de Administración de Iberia.
En resumen, la banca participa en hasta 53 empresas relacionadas con el sector del transporte. Como hemos visto, estas conexiones entrecruzadas entre banca y empresas nos llevan a la conclusión de que las entidades fagocitan todo lo que les pueda dar intereses. Pero especular sobre determinadas materias como cuántos vehículos circularán por las autopistas, genera problemas como el que actualmente está pasando factura a estas empresas.
]El problema de las autopistas
La banca invirtió en este tipo de empresas de las que esperaban sacar rentabilidad durante los años previos a la crisis, cuando se construyeron un gran número de autopistas con concesiones del Gobierno. Actualmente, muchas de esas autopistas se encuentran en quiebra y ya se está preparando un nuevo rescate a costa de los consumidores. Algunas de las autopistas en problemas son la autopista R2 de Madrid a Guadalajara, propiedad de Abertis Infraestructuras, o la AP-36 entre Ocaña y La Roda, propiedad de Ferrovial, entre otras autopistas propiedad de constructoras donde la banca invierte. Pero este problema viene de lejos, puesto que en la legislatura pasada existían las llamadas ‘cuentas de compensación’ por las que el entonces ministerio de Fomento cubría la diferencia entre los ingresos reales y lo que previsiblemente se obtendrían con el cumplimiento del 80% del tráfico. Un plazo que era de tres años pero que las concesionarias y los bancos consiguieron prorrogar hasta 2021.
Estas autopistas ya no son un negocio debido a que cada vez pasa menos tráfico por ellas del que sus promotores estimaban, con unos cálculos no muy claros que apenas tenían objetividad y sin control por parte de la Administración. Actualmente, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Hacienda ultiman un acuerdo para salvar de la quiebra a las autopistas, las empresas y los bancos, que figuran como principales acreedores. Esta solución pasa por ofrecer a los acreedores un bono a 30 años a cambio de su deuda y aglutinar a las autopistas en problemas en una empresa controlada por el Estado, similar al FROB de los bancos. Este bono incluiría una quita del 50% del total de la deuda, que asciende a 4.600 millones de euros y que quedaría en no más de 2.300 millones de euros. Este rescate se encuentra paralizado hasta septiembre.
Un rescate más a costa de los consumidores y contribuyentes por la irresponsable gestión que realizó la banca durante la época del ‘ladrillazo’ en el que no hay un escarmiento para quienes han llevado la situación hasta estos límites. Consecuencias de unir a los que pueden dar financiación con las grandes empresas constructoras.
