«Dentro de este galimatías que prepara el ministro Montoro en lo referente a la fiscalidad y que van a aprobar en Consejo de Ministros, destaca esta cuestión de los mayores de 65 años, que consiste en que podemos liberar todo tipo de activos financieros cuyo plazo venza sin tener que pagar nada al Fisco por nuestras plusvalías. Detrás de una aparente ventaja, pues es cierto que es algo que nos beneficia en teoría», señala el presidente de ADICAE, «se esconde una aviesa intención; se trata de coger todo el capital posible de los jubilados, de las personas mayores, para detraerlos hacia productos financieros más complejos, especialmente para invertir en deuda pública a través de estos seguros de renta vitalicia y otros títulos».
A la espera de valorar más en profundidad lo que se apruebe, ADICAE considera que el anuncio tiene toda la pinta de que estos productos hacia los que quieren derivar los ahorros de las personas mayores, «que son casi los únicos que disponen de ahorros de su trabajo de toda la vida», serán un negocio tanto para la banca como también para el Estado. Manuel Pardos hacía referencia en su intervención televisiva al referente anterior de la hipoteca inversa, «un producto leonino que consistía en una especie de renta para el anciano propietario de una vivienda, a cambio de la propia vivienda».
«Estos seguros vitalicios parecen muy similares, ni son rentables, ni son recuperables, ni se sabe qué pasa en caso de que el beneficiario fallezca antes de recuperar sus aportaciones… Son productos peligrosos, y no todos los consumidores tienen la capacidad adecuada de comprenderlos con todas sus consecuencias». Manuel Pardos se refirió a un caso particular: «En el Reino Unido impulsaron un plan similar, pero con una condición que podría mejorarlo: un asistente social y una asociación de consumidores legítima tenían que validar que el anciano que firmaba un producto de este estilo en efecto entendía correctamente qué implicaba, y sin su validación no había posibilidad de firma».
«Hay test de idoneidad que sirven para que los futuros firmantes de un producto de ahorro-inversión atestigüen cuál es su perfil y su formación financiera, pero si los sigue haciendo la banca, seguirán siendo un fracaso absoluto como ya hemos visto hasta ahora en España»
Preguntado por los test de perfil de ahorrador que son obligados por ley, Manuel Pardos señala que, en efecto, «hay test de idoneidad que sirven para que los futuros firmantes de un producto de ahorro-inversión atestigüen cuál es su perfil y su formación financiera, pero si los sigue haciendo la banca, seguirán siendo un fracaso absoluto como ya hemos visto hasta ahora en España. Ya está en vigor la nueva normativa europea Mifid II, pero si los test siguen controlados por los bancos volverán a ser un fracaso». Por ello, para el presidente de ADICAE, «un modelo como el del Reino Unido, con información de asistentes sociales y asociaciones de consumidores legítimas, que vigilen y examinen de manera independiente el perfil de los ahorradores, es lo único que podría ser admisible para este tipo de productos».
