La decisión del Gobierno de regular las tasas de intercambio de las tarjetas bancarias no significará una bajada en las comisiones que pagan los consumidores por su uso, como ha señalado Ana Solanas, secretaria general de ADICAE. La asociación presentó, además, una denuncia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por pactos ilícitos anticompetitivos en la fijación de las tasas de intercambio y descuento en pagos con tarjeta.
“La bajada aprobada de las tasas de intercambio de las tarjetas afecta sólo a las empresas y las entidades bancarias, pero no a los consumidores”, ha señalado Ana Solanas. La tasa de intercambio es el precio que el banco adquirente del comerciante paga al banco emisor de la tarjeta de crédito o débito por implementar una transacción de pago. Tienen como finalidad compensar al banco emisor algunos de los riesgos y costes que pueden derivarse del mantenimiento de cuentas de titulares de tarjetas. “Esta bajada debería repercutir también en el precio que pagan los consumidores en las comisiones de las tarjetas, que en los últimos años no han dejado de subir”, ha continuado Solanas, “en cambio, no se ha hablado de qué consecuencias tendrá esta reducción para los consumidores”. La propuesta del Ejecutivo puede suponer graves riesgos de incrementar unas comisiones y gastos ya de por sí altos.
En España, las comisiones bancarias están sin regular, por lo que las entidades tienen libre disposición para fijarlas. Ahora se establece una regulación de una parte de las comisiones bancarias relacionadas con las tarjetas, en donde no se incluyen las comisiones que se cobran a los consumidores, que quedan desprotegidos ante las entidades bancarias. “Pedimos que si va a haber una regulación, que se haga para proteger a todos, no sólo a los comercios, sino también a los consumidores”, dice Ana Solanas.
ADICAE denunció ante la CNMC acuerdos ilegales en la fijación de precios de costes de las tarjetas de pago, en la que demostraba que los consumidores españoles llevan desde 2005 sufriendo las consecuencias de unos acuerdos de concertación de precios en la operativa de tarjetas de pago que, incumpliendo el artículo 1.3 de la Ley de Defensa de la Competencia, generan para los usuarios importantes perjuicios en forma de subidas de comisiones.
La asociación seguirá denunciando las malas prácticas bancarias y exigirá al Gobierno que se realice una regulación completa de las comisiones que se cobran a los consumidores, no sólo de las que se aplican a los comerciantes. “Es el momento para regular las comisiones bancarias”, ha terminado Solanas.
