El colapso de los juzgados especializados en cláusulas suelo es consecuencia de la deficiente gestión del Gobierno y del Ministerio de Economía realizada con las medidas arbitradas para la resolución extrajudicial de las reclamaciones. Según ADICAE, los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) demuestran que las decisiones adoptadas hasta el momento han beneficiado a la banca en perjuicio de los afectados.
Desde junio, según el CGPJ se contabilizan solamente 3.500 sentencias de las más de 118.000 demandas presentadas, una pequeña parte de las que presumiblemente se interpongan en los próximos meses. A este ritmo, se puede afirmar que la resolución total de este fraude supondrá un calvario para al menos medio millón de familias que no han resuelto su caso.
Los juzgados especializados han celebrado desde junio casi 5.000 vistas, y está previsto que hasta final de año haya 6.000 más. La saturación es evidente, más cuando se trata de audiencias previas en las que si no el caso no queda visto para sentencia, el siguiente paso es ir a juicio. El proceso se vuelve así lento y tedioso, y y tiene como resultado juzgados saturados: en Madrid ha habido 25.464 demandas, le sigue Barcelona con 10.362 y Valencia con 5.745.
Una de las causas del retraso es precisamente que estos juzgados tramitan otros casos, como los gastos de formalización de las hipotecas, cláusulas de vencimiento anticipado, hipotecas multidivisa y otros tipos de cláusulas abusivas. En declaraciones a Las Mañanas de Radio Nacional, el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, ha afirmado: “parece que esto sea una fábrica, esta manera de hacer justicia es inconcebible y nos convierte en un país tercermundista” en materia de justicia por el empeño de la banca en promover las demandas individuales frente a las medidas colectivas.
Tras las sentencias del Juzgado de lo Mercantil Nº11 de Madrid y del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que declararon nulas todas las cláusulas suelo y obligaron a devolver las cantidades desde el momento de su aplicación, ADICAE remarca la necesidad de potenciar la acción colectiva. En este sentido, la macrodemanda presentada abre la puerta a una solución colectiva y definitiva para todos los afectados por este fraude masivo, y acabaría con el colapso de la justicia.
