Por un lado hay que felicitarse de que una administración autonómica adopte medidas de protección de los consumidores ante el flagrante abuso hipotecario del que son víctimas millones de familias en España y cientos de miles en Andalucía. A pesar de la polémica derivada de que una Comunidad Autónoma entre a esta materia, ADICAE considera positivo el mero hecho de que se concrete en normas el interés por la defensa de los consumidores y se desarrolle dicho interés en materias que las comunidades autónomas tienen encomendadas, como es la defensa de los consumidores.
No obstante la medida aprobada ataca las consecuencias de un problema, y no su raiz, al dirigirse a aquellas personas que ya han perdido la vivienda (pues se aplica a las familias cuya vivienda haya sido adjudicada ya al banco) con el exclusivo objeto de que no sean desalojadas y desahuciadas durante 3 años. Esta medida, de carácter claramente social, no impedirá sin embargo que avancen las 200.000 ejecuciones hipotecarias que están en marcha en España en estos momentos, según datos del Consejo General del Poder Judicial, ejecuciones que acabarán en la pérdida de la vivienda de otras tantas familias.
A la hora de valorar la medida no se puede pasar por alto además el hecho de que estas ejecuciones y desahucios derivan de una legislación anticuada e injusta, y de unas prácticas bancarias abusivas, lo que contribuye a la justificación de la necesidad de abordar el problema.
Por desgracia el Decreto aprobado no resolverá el problema hipotecario de millones de familias, ni los abusos de los que están siendo víctimas, en una situación en la que nos podemos acabar encontrando con cientos de miles de desahuciados que requerirán apoyos de las administraciones públicas, y en especial desde las áreas de servicios sociales a todos los niveles.
Frente a esta perspectiva las posiciones que desde hace 5 años mantiene y defiende ADICAE son claras: es necesario aprobar una moratoria hipotecaria que paralice durante tres años todas las ejecuciones hipotecarias, y no sólo los desahucios, para abordar así tanto el grave drama social de las expulsiones de sus viviendas de muchas familias como el gravísimo problema hipotecario que afrontan millones de consumidores. Es necesario reformar en profundidad la legislación hipotecaria para acabar con abusos institucionalizados como la deuda perpetua tras el embargo, los intereses abusivos, las cláusulas suelo hipotecarias y un largo etcétera de ataques directos a los usuarios.
En relación a la polémica sobre la legalidad del Decreto y si el Gobierno debe o no recurrirlo o no ante el Tribunal Constitucional, ADICAE destaca que la banca ha demostrado saber velar muy bien por sus intereses, y que más que que una lucha jurídica entre el Gobierno central y el andaluz, resultaría más positivo para los consumidores que el Gobierno adoptase las medidas propuestas por ADICAE, tanto al anterior Gobierno de Zapatero como al actual de Rajoy, para resolver el problema (como la moratoria a las ejecuciones hipotecarias) que harían que no fuese necesario debate alguno sobre el Decreto andaluz. Por tanto ADICAE nada tiene que decir sobre la legalidad de un Decreto cuyo texto además aún desconoce hasta que sea publicado en el BOJA e insiste en reivindicar medidas de fondo y eficaces, evitando desviar el debate de las verdaderas causas de la grave situación que sufren los consumidores españoles en el ámbito hipotecario.
