La educación en España es más cara incluso que en 2013, no solo para los universitarios, sino también para la media de las familias españolas que llevan a sus hijos a colegios tanto públicos, como privados y concertados. Los estudios previos al inicio del curso indican un coste entre los 200 y los 5.300 euros por hijo matriculado, dependiendo del tipo de escuela al que asistan, pero que se acumula en un pago único en el mes de septiembre. El coste de matricularse en una carrera universitaria, más las correspondientes tasas, asciende a 1.400 euros de media.
El Departamento de Estudios y Publicaciones de ADICAE ha analizado los principales productos que ofrecen las entidades de crédito para financiar los estudios. Los préstamos estudiados no son, en su gran mayoría, recomendables ni siquiera para un consumidor con cierta capacidad de ahorro. Por lo tanto, son francamente inadecuados para un estudiante, por sus elevados tipos de interés. Son sangrantes los casos de Citibank (26,82%), Barclaycard (26,7%), Cofidis (24,51%), Banco Popular (11’67%) o Banco Santander (Euribor a 1 año + 5’95%).
Además hay entidades que ofrecen la financiación de estos préstamos al estudio mediante tarjetas de crédito, como es el caso de Citibank y Barclays, que imponen los intereses más elevados de los préstamos analizados. Con un plazo para devolver el crédito de 4 años –norma general-, quienes pidan un crédito de 1.400 euros a una de estas entidades tendrán que devolver lo siguiente: Citibank, 2.296,7 euros; Barclaycard, 2.292,48 euros; Cofidis 2.209,42 euros; Banco Popular 1.758,52 euros, etc.
Con los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo en el 0,50% queda claro que la banca está haciendo un negocio redondo con los estudios de los españoles. Teniendo en cuenta este dato hay entidades financieras que llegan a exigir por un crédito unos intereses hasta 53 veces superiores a los estipulados para la financiación de la banca.
Algunas de las comisiones existentes son elevadas, teniendo en cuenta que van destinados a estudiantes –que suelen tener pocos recursos económicos-. Aunque algunas comisiones vienen marcadas por la Ley de Crédito al Consumo, se trata de condiciones claramente abusivas ya que el precio del dinero es mucho más bajo actualmente que estas propias comisiones. Desde ADICAE se exige que esta legislación se flexibilice para que ni estudiantes ni consumidores sigan pagando de más, en un contexto de tipos de interés tan bajos como el actual.
Minicréditos, una ‘trampa mortal’ para las familias
Las familias también tienen a su alcance la opción de los minicréditos para pagar los estudios de sus hijos. Se trata de productos que varias sociedades de préstamo comercializan online y a través de SMS, presumiendo de espectaculares facilidades y sencillez de pago, pero lo cierto es que comprometen al usuario a pagar un interés muy alto en un período especialmente corto de tiempo que perpetúa su deuda y las comisiones por impago. ‘Mini’ préstamos como los créditos de TrustBuddy, CréditoPocket, QuéBueno o PepeDinero ofrecen de manera idéntica hasta 600 euros a devolver en un máximo de un mes con intereses que rondan el 25% de la cantidad solicitada.
Hay que tener en cuenta también que, para más inri, algunas entidades pueden imponer finalmente la contratación de productos vinculados –como tarjetas de crédito-, por lo que el coste final del préstamo se encarece todavía más.
Es necesaria una mayor regulación
ADICAE exige a los reguladores del sistema financiero español –Banco de España y Ministerio de Economía- que pongan fin a estas condiciones totalmente abusivas para la concesión de crédito a los estudiantes, con las que los bancos se aprovechan sangrante y vergonzosamente tanto de los propios estudiantes como de sus familias. Tal y como indica la Ley de Represión de la Usura, en vigor desde 1908, no es legal imponer intereses notablemente superiores al normal del dinero y manifiestamente desproporcionados. Es el caso de todos los créditos estudiados. ¿Por qué no se les hace cumplir la Ley a las entidades de crédito.
