La Comisión Europea aprobó el 18 de febrero la prórroga de seis meses para completar la transición a la Zona Única de Pagos en euros (SEPA, por sus siglas en inglés). El Ecofin adoptó una regulación que pospone hasta el 1 de agosto la fecha límite para que todas las transferencias, domiciliaciones y operaciones con tarjetas nacionales y dentro de Europa que se hagan en euros se efectúen en la zona euro bajo el formato SEPA.
El objetivo de ese sistema es dar un paso adelante en la integración económica y monetaria, dotándola de mayor agilidad y seguridad, además de unificando las comisiones que se cargan a los pagos en euros dentro de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. “Esperemos que esto sea así en la práctica. ADICAE estará vigilante, ya que de momento sólo la teoría apunta a que la eliminación de la burocracia redundará en menores costes administrativos, al tiempo que se reducirán las necesidades de disponer de dinero en efectivo en favor del electrónico y esto favorecerá la posibilidad de renegociar las comisiones con los bancos. La competencia entre bancos siempre es buena para los consumidores, y también se supone que esta aumentará con la consideración de las transacciones nacionales como las internacionales, eliminando cualquier tipo de barrera actual” explica el representante de ADICAE en la Autoridad Bancaria Europea, Javier Contreras.
Por tanto, durante este periodo adicional, los pagos distintos al formato SEPA podrán ser aceptados aún para minimizar cualquier posible riesgo de distorsión en los pagos para los consumidores y las empresas, según la propia Comisión. Es decir, que de no plantearse esta prórroga, los consumidores correrían el riesgo de ver bloqueados sus cobros y pagos.
Banca y empresas se pasan la pelota
Eso sí, esta circunstancia no obsta para que las entidades financieras, una vez más, no hayan hecho sus deberes. Es más, han dejado que el tiempo pase sin adaptar su operativa, restándole importancia a un cambio fundamental como es éste, lo que ya está causando problemas en los usuarios. En ADICAE estamos realizando numerosas reclamaciones de consumidores que alegan que los bancos con los que operan están procediendo a devolver algunos recibos por falta de comunicación del nuevo código IBAN.
Son varias las empresas que comenzaron a emitir recibos con el nuevo formato, que eran devueltos por algunas entidades financieras por incompatibilidad con el formato de sus sistemas de gestión de recibos, que aún no estaban preparados. Consecuencia: miles de recibos sin pagar por parte de los consumidores, que no tienen ninguna culpa, y son sobre los que recaen las obligaciones de pago con, incluso, desagradables tácticas de hostigamiento por parte de las entidades acreedoras.
Reveladora es la respuesta que da, por ejemplo, la financiera Oney -asociada a empresas como Leroy Merlin, Alcampo, Decathlon, Midas, Norauto…- a una reclamación interpuesta por ADICAE sobre este asunto: “es obligatorio desde el 31 de marzo de 2012 que cualquier cuenta de pago que permita realizar transferencias y/o adeudos nacionales deberá permitir realizar transferencias y/o adeudos SEPA”.
Otro ejemplo de abuso bancario en este ámbito es el cometido por Evo Banco, que remitía a sus clientes a comienzos de 2014 una carta en la que les indicaba que “para evitar incidencias y confirmar que los emisores de sus recibos tienen la numeración correcta, ES NECESARIO -esto es lo más sorprendente ya que ni siquiera aconsejaban la conveniencia de este tremendo esfuerzo de comunicación por parte del cliente, si no que la imponían- que antes del 31 de enero, contacten ellos mismos directamente con los emisores de los recibos y confirmen que el nuevo código IBAN está correcto”. Esta surrealista obligación imponía a los clientes la necesidad de contactar con cada uno de los emisores de recibos con los que cada cliente trabajaba (seguros, telefonía, suministros, otras entidades financieras, etc.). De hecho, adjuntaban un listado con estas empresas y sus teléfonos de contacto. Sorprendente cuanto menos.
Por todo ello ADICAE, como miembro del Observatorio de Transición a la SEPA, denunciará estas prácticas para cerciorarse de que no se repite en otras entidades y que se ha corregido en las referidas, ya que tal y como señala Javier Contreras, “no podemos permitir que se traslade a los usuarios una obligación que por lógica le corresponde a la banca”.
