Las Cortes de Aragón confirman de manera unánime las tesis que el Presidente de ADICAE, Manuel Pardos, expuso ante la Comisión de Investigación en su comparecencia del pasado mes de julio respecto a la actuación autoritaria, opaca y absolutamente irresponsable de los responsables, los ejecutivos y los miembros del Consejo de Administración de Caja Inmaculada que han llevado a la entidad a una quiebra pagada abundantemente por los consumidores aragoneses.
El dictamen elaborado por el Parlamento aragonés será remitido a la Fiscalía, todo un corolario de malas prácticas bancarias que ha terminado con la quiebra de la entidad, su rescate público, su integración en Ibercaja y la acumulación de miles de consumidores afectados por problemas en sus hipotecas y en sus ahorros, algo que AICAR-ADICAE ha venido denunciando, también en sede parlamentaria, desde hace ya tiempo; el Presidente de ADICAE, Manuel Pardos, declaró ante los miembros de la Comisión en su momento que «todos los órganos de gobierno de la CAI han fracasado estrepitosamente» a la hora de prevenir la quiebra de una entidad con un agujero de más de mil millones de euros».
El Presidente de ADICAE aportó en esa comparecencia un completo dossier en el que se explicaban los pormenores de esas prácticas bancarias irregulares y continuadas, dossier que remitirá ahora también a la Fiscalía y que debe servir de base para la puesta en marcha de acciones jurídicas que depuren todas las responsabilidades habidas. Como primera idea, un fraude de los órganos de gobierno de la entidad: «la dejación de funciones de los miembros del Consejo de CAI debe tener sanción; tienen responsabilidades y como mínimo debería exigírseles la devolución de su dietas, sin perjuicio de otras consecuencias que se deriven del ‘crimen’ de la dilapidación de cientos de millones de euros».
El dossier recuerda también que, sin perjuicio de la responsabilidad directa de los máximos responsables de la entidad, los órganos competentes del Gobierno de Aragón no cumplieron debidamente su labor inspectora sobre la caja, al permitir una excesiva e irresponsable exposición al ladrillo, abandonando sus principios fundacionales como caja de ahorro. «La ley y los estatutos concedían al Gobierno de Aragón», incide el presidente de ADICAE, «poderes clarísimos para intervenir. Un representante del Gobierno de Aragón estaba en la comisión de control de las cajas», con su evidente responsabilidad. En fin, el dossier señala que muchos de los miembros que formaban parte de las estructuras de gobierno de CAI en los periodos más críticos económicamente de esta entidad, han entrado a formar parte del Patronato de la Fundación heredera e incluso del Consejo de Caja3. Esta continuidad y acumulación de cargos demuestran que no se ha hecho un balance y depuración de responsabilidades y, asimismo, pone de manifiesto la situación endogámica y de control en que se encontraban los distintos órganos de gobierno de CAI.
Por eso Manuel Pardos advierte de cara al futuro, insistiendo a los parlamentarios sobre la importancia de enfocar las nuevas normas y la regulación autonómica de las «fundaciones bancarias» teniendo en cuenta todo lo expuesto y bajo el respeto máximo a los derechos de los consumidores. «Supongo que habrá ley aragonesa; tengan mucho cuidado de cara al futuro», señaló Manuel Pardos, porque «poner al frente del futuro sistema financiero aragonés a los mismos que provocaron la quiebra del sistema anterior es colocar una bomba de relojería de cara al futuro».
A la espera de conocer el detalle del Dictamen aprobado en el Parlamento, llama la atención el hecho de que el mismo trate de excluir de las irregulares actuaciones de la caja las relativas a la venta y colocación engañosa y abusiva de productos entre los consumidores, algo que apunta a un intento de cerrar en falso o con meros «chivos expiatorios» un nuevo capítulo de lo que debiera ser un paso más de la causa general a las cajas de ahorros que ADICAE está impulsando.
