ADICAE está decidida a conseguir anular los efectos de la “maniobra” sobre el Banco Popular, por lo que ayer mismo presentó ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el FROB. Las consecuencias de esta anulación supondría el restablecimiento de los pequeños ahorradores accionistas a situación previa a su intervención. Este hecho, obligaría el estudio de nuevas alternativas que no desembocasen en la pérdida del patrimonio de los ahorradores-pequeños-inversores.
La Asociación ha dado el primer paso para conseguir el restablecimiento total de los derechos de estos pequeños- ahorradores- accionistas del Popular, que además representaban, nada menos que a 9 de cada 10 accionistas de la entidad. Todos ellos, se levantaron la mañana del siete de junio con la noticia de que habían perdido sus ahorros, sin que nadie se hiciera responsable de lo ocurrido.
El proceso de adjudicación del Popular al Banco Santander a través del FROB no fue el correcto ni lo transparente que debía haber sido y como es evidente, no consiguió uno de sus principales objetivos que era maximizar el precio del banco que iba a ser vendido. Este hecho evidencia que la entidad de Botín fue beneficiaria de ciertas ventajas. Resulta incoherente que la misma entidad que hace escasos seis meses valoraba al Popular por más de 7.000 millones de euros, después renegara de su propia valoración y ofreciera un simbólico euro.
Para paliar esta situación ADICAE ha creado una batería de acciones civiles y penales contra el Popular, así como otro recurso contencioso-administrativo, esta vez contra la Junta Única de Resolución (JUR) europea, autoridad creada en 2015 y que decidió que la venta era la mejor forma de proteger a los depositantes dados los problemas de liquidez del banco.
Durante las últimas semanas hemos asistido perplejos a los efectos que la subasta realizada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria hizo del Banco Popular a costa de sacrificar a accionistas de la entidad para después “regalársela” a la entidad de Botín. Una concatenación de acontecimientos que no parecen tener una base lógica, ni que sea ajustado a la legalidad. Resulta muy llamativo que la decisión de una absorción se tomara pese a los recursos con los que contaba el Banco Popular y que ascendían el año pasado a 96.000 millones de euros. Unas cifras que el propio Santander comunicó a la CNMV. Sin embargo, pese a estos recursos, se decide la pérdida total de los ahorros de los accionistas y titulares de deuda convertible.
Los más vulnerables han pagado la actitud pasiva del Consejo de Administración de la ex entidad de Saracho y Angel Ron y sus errores recientes. No es de recibo que se realizaran ampliaciones de capital a sabiendas del riesgo que suponía y ante las manifiesta incertidumbres acerca de su situación económica. El deterioro al que la entidad fue llevada bajo su dirección, el lastre de 35.000 millones de euros y créditos morosos por valor de otros 17.000 millones de euros, junto a la actitud de total irresponsabilidad ante sus clientes, es parte de la herencia que deja el paso de Saracho y Ron.
Las víctimas de tantas irregularidades son lamentablemente estas familias de pequeños accionistas y tenedores de deuda convertible en acciones de Popular que han visto como sus ahorros se han volatilizado, al igual que ha desaparecido el buen funcionamiento de vigilancia del sistema financiero español. De hecho, los supervisores, Banco de España y CNMV, responsables de impedir que este tipo de situaciones acaigan, se lavan las manos. El propio presidente del Banco de España en su comparecencia de hoy en el Congreso de los Diputados ha eximido de responsabilidad al la institución y afirma que esta institución no participó en la resolución de la que era hasta ahora la sexta entidad española por activos.
ADICAE además de toda la batería de acciones legales que va a llevar a cabo, impulsará que el Parlamento europeo y español legislen definitivamente unos derechos claros que protejan al pequeño ahorrador-inversor y que se blinden sus derechos de forma efectiva frente a las manipulaciones en la Bolsa y el Mercado por parte de los grandes conglomerados.
