El juicio penal de Arte y Naturaleza, una de las mayores estafas piramidales de nuestro país con 436 millones defraudados a 19.000 consumidores, que invirtieron sus ahorros en obras de arte engañados bajo la promesa de altas rentabilidades, ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Nacional.
ADICAE, principal plataforma de afectados, pide penas de 21 años y medio de cárcel para el administrador único y principal responsable, Guillermo García del Toro; 17 años de prisión para los otros nueve miembros de la sociedad, y 4 años y medio de cárcel para el auditor. Entre todos se enfrentan a multas que suman 1.820.300 euros, además de exigir responsabilidad civil para indemnizar a los afectados.
Estafa agravada, falsedad documental, insolvencia punible, delito contra los derechos de los consumidores y blanqueo de capitales. Por todos estos delitos ADICAE espera que los responsables de Arte y Naturaleza al menos paguen con cárcel el fraude cometido.
La recuperación del dinero para los afectados de Arte y Naturaleza, en cambio, no llegará ni por la vía judicial ni por la administración concursal, que tras 10 años ha dilapidado el valor de los bienes de la empresa. Por ello, ADICAE insistirá ante el próximo Gobierno y las nuevas Cortes en aplicar la solución política, ya aprobada por el Congreso y por los 17 parlamentos autonómicos, que pasa por una devolución negociada a través del Estado.
Lobos con piel de cordero
Durante el juicio, la acusación de ADICAE ha permitido demostrar que no existía ningún tipo de control interno de las cuentas ni se cumplió ninguna de los requisitos de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, como informar a los clientes sobre los sistemas de valoración de las obras de arte. El sinfín de incumplimientos se vio agravado por la falta de control de las autoridades de consumo de las distintas comunidades autónomas, que no actuaron para reclamarles la auditoría ni inspeccionar la empresa.
Los afectados han tenido que soportar desde el primer día la sobreactuación de los acusados, en especial de García del Toro, capaz de afirmar «no tener conocimientos de contabilidad» o «no recuerdo ser el administrador único», y de hacerse pasar por una ‘víctima desvalida y sin recursos’ para dar pena.
Sin embargo, ha quedado patente la flagrante dilapidación de recursos que los responsables de la empresa llevaron a cabo. Por ejemplo, un coche Mercedes último modelo que, según contó García del Toro al juez de instrucción, los empleados le regalaron con fondos de la empresa, o los 600.000 euros para una película que nunca se estrenó.
Tampoco ha valido a los acusados la coartada de haber invertido en un negocio fraudulento por el que se lucraban con jugosos pagos en b como comisiones o reintegros por sus carteras de clientes.
