ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), Greenpeace España y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se han unido para reclamar el fin de los abusos de Endesa contra los consumidores y el medio ambiente. A su vez, como miembros de la ciudadanía, también se ven afectados por las emisiones de CO2, contaminantes y por la generación de residuos radiactivos. Estas organizaciones, además, invitan a toda la ciudadanía y otras organizaciones sociales a unirse a este frente común de la sociedad civil contra las malas prácticas de Endesa y del resto de grandes empresas del sistema eléctrico.
Las tres organizaciones sociales han hecho frente común en la Junta de Accionistas de Endesa para denunciar estas irregularidades, que ponen de manifiesto el poco compromiso de las eléctricas con la sociedad española y los consumidores. A su vez, demuestran el interés de estas empresas en que la estructura del mercado energético permanezca intacta, mientras influyen en la regulación y supervisión de los organismos competentes, abusando así de su posición dominante en contra de los intereses de los consumidores, de la ciudadanía y del medio ambiente.
Por todo ello, estas organizaciones han presentado una serie de propuestas en busca de un cambio en la gestión de las eléctricas en España, en especial Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa. Así, se propone:
1.- Para acabar con la pobreza energética, poner fin a los cortes de suministro a los hogares en riesgo de exclusión social, siendo estos determinados previamente según criterios económicos y sociales contrastables. Además, que las prácticas comerciales de estas empresas promuevan, en lugar de torpedear, la aplicación del bono social entre los hogares en situación de especial vulnerabilidad. Es insultante el aumento de los hogares que sufren pobreza energética en España así como la tendencia imparable de estas empresas a seguir aplicando cortes de suministro. La energía es ante todo un derecho.
2.- Que las principales compañías eléctricas españolas se fijen públicamente el objetivo de tener un parque de generación eléctrica prácticamente 100% renovable antes de 2030. Esto implica necesariamente, en reconocimiento del riesgo al que estas empresas exponen a toda la ciudadanía y al medio ambiente, el cierre de todas sus centrales nucleares antes de 2024, empezando por la central de Garoña (gemela de la central de Fukushima). Tanto la pobreza energética como la crisis climática tienen soluciones comunes: un sistema energético 100% renovable, eficiente e inteligente en el que el ciudadano esté situado en el centro. Endesa, como empresa generadora de electricidad, tiene plena responsabilidad sobre los efectos de sus actividades.
3.- Que se fije una fecha para el cierre de la térmica de carbón de Velilla (Palencia) no más tarde del 2020. Es insostenible no reducir las emisiones peligrosas para la salud pública y es una obligación legal comunitaria que debe asumir Iberdrola y, en ningún caso, debe realizarse con dinero público. A su vez, Iberdrola debe garantizar un plan de reconversión laboral para los trabajadores vinculados, directa e indirectamente, a esta producción de carbón.
4.- Que dichas empresas realicen la evaluación del impacto del cambio climático sobre sus activos fósiles y la publiquen, junto con la información que pueda afectar a los accionistas, el año que viene en la junta de accionistas. Esperar demasiado a acometer la transición renovable puede exponer a sus accionistas a fuertes daños económicos causados por repentinas revalorizaciones de esos activos que están en gran parte financiados vía deuda.
5.- Que Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa den voz y voto a sus pequeños accionistas. En lugar de intentar censurarles en sus juntas, como han pretendido con ADICAE y de llevar ya los acuerdos aprobados de antemano por los Consejos de Administración mientras de cara a la galería promocionan una falsa política de involucración de los accionistas, estas compañías deben dar el lugar que corresponde a sus legítimos propietarios en la participación y decisión de las decisiones de la empresa.
6.- Que renuncien a su posición respecto al ‘impuesto al Sol’ y reevalúen el valor del autoconsumo para la sostenibilidad del sistema y para una mejor gestión de la red de distribución de electricidad.
7.- Que se termine de una vez por todas con las ‘puertas giratorias’. Ningún cargo ligado a la esfera política y bancaria debe poder formar parte del Consejo de Administración de estas u otras compañías. Los consejeros y la alta dirección deben ser elegidos en función de su experiencia y reconocido prestigio, no por criterios de ‘confianza’ o ‘amiguismo político’. Solo así se puede garantizar la verdadera independencia de unos cargos cuyos salarios desorbitados además deberían ajustarse a su verdadera contribución.
8.- Acabar con el oligopolio del sector, controlado por tres empresas, entre ellas Iberdrola con un 40% de cuota de mercado. Esta posición dominante, además de impedir un verdadero libre mercado de la energía que redunde en una mayor competitividad y beneficie al consumidor, es fuente permanente de conflictos hacia el consumidor.
9.- Que se implementen medidas de ahorro y eficiencia energética entre las empresas e industrias como entre los ciudadanos, así como el desarrollo de la generación distribuida con balance neto.
10.- Que las eléctricas se adhieran al arbitraje de consumo como método de resolución extrajudicial de los conflictos que surjan con los consumidores, sin limitaciones y excepciones de ningún tipo.
