El Gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que una de sus intenciones de cara a la presente legislatura es eliminar la letra pequeña de las hipotecas que se concedan en territorio madrileño. Así lo indicó recientemente el vicepresidente regional, Ignacio González, tras analizar el anteproyecto de la futura Ley de protección a los Consumidores.
Se trata, según el vicepresidente, de que las entidades financieras tengan la obligación de informar a los clientes de las condiciones de cada uno de los préstamos hipotecarios que puedan ofrecerles y de las consecuencias y responsabilidades que asumen en caso de que no puedan hacer frente al pago de los créditos.
Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que en los contratos hipotecarios no suele haber demasiada letra pequeña. Y, en segundo, que lo mínimo que debería hacer el Gobierno de Madrid si realmente quisiera que quien va a firmar una hipoteca esté realmente informado de lo que firma, debería ser obligar a las entidades bancarias a facilitar a los clientes una oferta vinculante y un folleto informativo, que nunca entregan al cliente.
Los cambios legislativos siguen sin llegar
En lugar de promulgar cambios legislativos realmente importantes, como declarar abusivas las cláusulas suelo o prohibir la comercialización de productos como los contratos de permuta financiera, con este tipo de decisiones las fuerzas políticas siguen protegiendo la práctica de abusos bancarios en la concesión de hipotecas.
Además, es preciso recordar que no es la primera vez que el Gobierno de la Comunidad de Madrid juega con los derechos de los hipotecados. Sin ir más lejos, en plena campaña electoral la entonces candidata a la Presidencia Esperanza Aguirre se posicionó supuestamente a favor de la dación en pago en una promesa vacía de contenido de la que nunca más se supo.
ADICAE aboga, efectivamente, por la eliminación de la letra pequeña en todos los contratos financieros pero las soluciones no pueden circunscribirse únicamente al tamaño de la letra. Es necesario atacar al contenido de los mismos, mediante cambios legislativos que los partidos mayoritarios siguen negándose a promulgar. ¿Realmente gobiernan para la ciudadanía?
