¿Cuántos afectados por las preferentes sigue habiendo? ¿Cuántos arbitrajes se han resuelto y cuántos de ellos a favor de los usuarios?
Las dos preguntas anteriores podemos enlazarlas, ya que de los números que tengamos de arbitrajes resueltos, a los que habría que sumar los de aquellas entidades que resolvieron la problemática cuando surgió inicialmente como el Santander y BBVA, y las sentencias judiciales favorables pero cuya cifra actual no es tan fácil de conocer, se puede calcular el porcentaje o número de personas que podemos seguir considerando como afectados hoy en día por mantener los productos o, más bien, porque les han canjeado a la fuerza por otros productos igualmente ilíquidos y de riesgo de los que no pueden disponer.
Dicho lo anterior, desde el estallido del fraude hablábamos de unos 710.000 (seguramente nos quedábamos cortos) afectados por preferentes, sin contar claro está con los afectados por otros productos que denominamos tóxicos por cómo se habían comercializado ante pequeños ahorradores. Esto es, deuda subordinada, obligaciones y bonos convertibles, cuotas participativas, pagarés, etc. Y es que, si agrupamos todos estos productos colocados de manera engañosa por la banca española durante los últimos años, podemos hablar sin miedo a equivocarnos de más de 3 millones de afectados en origen por estos fraudes.
Tras este primer análisis, comentar que actualmente han visto resueltos por el arbitraje este fraude masivo unos 138.000 afectados (en el sentido de obtención de laudo favorable, con devolución del nominal inicial), si atendemos a los datos suministrados por la Comisión de Seguimiento de Productos Híbridos y los propios que podemos extraer de las entidades implicadas. Desglosados por entidades tendríamos 77.210 de Bankia (sobre 240.000 perjudicados), 23.000 de Cataluña Caixa (de un total de 79.000) y 37.670 de Novagalicia Banco (sobre 75.000).
Pues bien, si tenemos en cuenta todo esto y que al menos de las entidades nacionalizadas había 400.000 afectados, menos estos 138.000 que aparentemente han resuelto el caso por arbitraje serían 262.000 aún (dentro de los cuales algunos habrán resuelto su caso por vía judicial pero es pronto para hablar de cifras significativas), y que en todo caso ya no tienen preferentes sino acciones, habiendo asumido importantes quitas sobre sus ahorros. A estos habría que sumarles aquellos pertenecientes a Liberbank (unos 30.000) y Ceiss (35.000), que siguen sin tener una solución justa tras sendos abusivos canjes y no haber optado las entidades por el arbitraje como alternativa, ni siquiera el desnaturalizado que se planteó con las nacionalizadas. Por tanto, más de 300.000 personas que siguen teniendo preferentes (cifra residual en este caso porque casi todos los minoristas acudieron a los canjes) o en su defecto productos indisponibles y complejos con los que pueden perder gran parte de sus ahorros.
¿Qué problemas ha detectado ADICAE en los arbitrajes?
Ha habido multitud de problemas en torno a los arbitrajes, pero antes de nada conviene recordar que los criterios utilizados para acceder a los mismos han sido resumidamente los siguientes:
– Criterios objetivos: falta de documentación relevante o irregularidades en la misma como la falta de firma, existencia de firma de un menor o de una persona con minusvalía, sin firma de sus tutores legales, tests MIFID no completados o no firmados por todas las partes, etc.
– Criterios de perfil inversor: se analiza al titular y a los cotitulares del producto, utilizando criterios como por ejemplo la conclusión de los test MIFID de conveniencia e idoneidad, la edad, la renta y su origen, la profesión, otros productos financieros contratados, la proporción de importe reclamado sobre el total de capital personal o la conducta histórica del cliente.
La gran mayoría de afectados cumple con casi todos los requisitos necesarios para acceder al arbitraje y no todos han recibido un laudo favorable, por lo que ya tenemos el primer problema. Además, el criterio fundamental aplicado ha sido el de resolver primera y prioritariamente los casos de menos de 10.000 euros, siendo la media de estas “inversiones” de 30.000, lo que nos lleva a pensar que la intención era lograr alcanzar rápidamente cifras altas de resoluciones que abordar la problemática de fondo, revisando los casos a conciencia, ya que preferían resolver 10 de 10.000 que uno de 100.000, aunque hubiera sido éste último igualmente engañado.
También hemos constatado que a muchos ahorradores con un perfil claramente aversivo al riesgo y que conforme a los criterios exigidos para acceder al arbitraje les tenían que dar la razón, se han encontrado con inadmisiones a trámite. Los resultados negativos constituyen una tendencia creciente, sobre todo en los últimos tiempos y en relación mayoritariamente a Bankia, quizá porque como inicialmente pensábamos hay un dinero destinado de antemano a este arbitraje y ya se va «gastando».
Por otro lado, los procedimientos son excesivamente largos. En el caso de Novagalicia (al menos ya finalizado) se dio la «circunstancia» de que sólo se aceleró la resolución de los arbitrajes cuando se acercaron las elecciones gallegas, curiosamente… Cataluña Caixa, tras iniciar junto con NGB el proceso, nos encontramos con que inexplicablemente siguen sin resolverlo. Y Bankia, que aseguró que finalizaría su arbitraje a finales de 2013, nos encontramos con que sigue en proceso y nada apunta a que terminen como alegan desde la entidad en marzo.
También hay que hablar sobre la parcialidad y falta de objetividad de las consultoras designadas para hacer la criba sobre el acceso al arbitraje. Mención especial para KPMG en el caso de Bankia, como juez y parte, ya que al tiempo que le asignaban esta función, defendía los intereses de la entidad en los tribunales frente a todo tipo de demandas.
Además hemos detectado multitud de casos en los que tras recibir el afectado una resolución favorable de la CNMV (confirmando el engaño), finalmente no le daban la razón en el arbitraje.
Ha habido insistencia por parte de las entidades en completar ellos mismos los formularios de solicitud de los afectados para evitar utilizar las palabras “fraude”, “engaño”, o similares. En ese sentido, cuando los reclamantes manifestaban su interés en dejar constancia por escrito de cómo se produjo realmente el engaño, desde las entidades se lo desaconsejaban encarecidamente ya que de lo contrario, decían, “en ningún caso les darían la razón en el arbitraje”, coaccionando de esta manera la libertad de expresión de los afectados.
En Novagalicia y Cataluña Caixa al principio sólo aceptaban a los afectados por preferentes, para más tarde ampliar el abanico de solicitudes a los de deuda subordinada, originariamente no incluidos, con los perjuicios evidentes que eso provocó (algunos ya se habían ido a la vía judicial cuando “se abrió la veda”). En el caso de Novagalicia se dio la paradoja de que, en algunos casos de clientes con preferentes y subordinadas, les daban la razón (y por tanto les devolvían el dinero) por uno de los productos pero no así por el otro, en un claro indicio de que estamos hablando de una verdadera «lotería», ya que se supone que si un ahorrador tiene un perfil claramente conservador y se demuestra que se le ha vendido de manera engañosa un producto, lo tendría que ser por ambos productos complejos y de riesgo, según un criterio simplemente lógico.
¿Qué está ocurriendo en las sedes judiciales? ¿Están siendo positivos los resultados de las demandas individuales y colectivas?
La vía judicial, vistos los problemas que están conllevando los arbitrajes, supone la medida más adecuada para buscar la restitución de los ahorros secuestrados en las preferentes y otros productos tóxicos, ya que además los jueces están siendo sensibles ante esta problemática social y pronunciándose a favor de los afectados en su gran mayoría, en números más altos por tanto que los mencionados con los arbitrajes.
Al estar claramente en este caso ante un fraude masivo a millones de familias, y tratarse de protocolos muy concretos de colocación indiscriminada de productos ante todo tipo de perfiles, diseñados premeditadamente desde las entidades para recapitalizarse a costa de los clientes, desde ADICAE consideramos que la vía más aconsejable para la recuperación del ahorro son las demandas judiciales colectivas. Esto es así porque no podemos pretender que los cientos de miles de afectados, con idénticas características, y que han sufrido una comercialización homogénea, vayan a presentar demandas individuales con el “carnet en la boca”, existiendo la posibilidad de la acción colectiva como recurso.
Y es que, este tipo de demandas, permiten además un acceso universal a la Justicia por los menores costes que implican, y por cuestiones igualmente de economía procesal es la manera de actuar más lógica ante fraudes al ahorro generalizados como éste. De hecho, el pasado lunes 27 de enero conocimos la gran victoria judicial de la demanda colectiva de ADICAE frente a Eroski por la comercialización de las famosas “preferentes vascas” (AFS), en la que el juez condenaba a BBVA (entidad comercializadora de las aportaciones subordinadas emitidas por Eroski) por colocar engañosamente estos productos tóxicos.
Por último, afortunadamente, como hemos dicho, las sentencias por estos abusos flagrantes están recayendo a favor de los perjudicados. De hecho, frente a Bankia se han planteado más de 8000 demandas, destacando la de ADICAE en la que representa la asociación a más de 3.000 afectados, otras tantas frente a Novagalicia (más de 2.000) y Cataluña Caixa (cerca de 1.000). Todas ellas en su mayoría pendientes de resolución pero con un grado de satisfacción para los afectados frente a las entidades del 80-90%. Además, todas ellas se encuentran en ascenso, y a las que debemos sumar las interpuestas frente a Liberbank (CCM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria) y Ceiss (Caja España-Duero) que sólo desde ADICAE ya son demandas colectivas en las que están incluidos miles de afectados.
