Los bancos siguen acumulando provisiones de cara a conflictos judiciales que saben de antemano que pueden llegar a perder. Sólo en las cuentas de los cincos grandes acumularon una ‘hucha’ de casi 8,000 millones de euros. Los conflictos son de todo tipo: desde cláusulas suelo a los gastos por las hipotecas.
ADICAE cree que este hecho pone de manifiesto el miedo de los bancos a tener que acabar respondiendo por sus malas prácticas a pesar de las desacertadas sentencias del Tribunal Supremo como la de gastos hipotecarios, IRPH o el último golpe de este mismo jueves. Prueba de ello es que cuatro de los cinco (Santander, Caixabank, Sabadell y BBVA) han disparado sus provisiones para estos conflictos judiciales.
Y esto ocurre en un contexto en teoría favorable para los bancos después de la sentencia del Tribunal Supremo que adjudicaba los gastos al cliente del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Esta resolución “probanca” modulaba su propia sentencia del 2015 en la que declaraba la nulidad de la cláusula que impone todos los gastos al consumidor.
En un informe dirigido a inversores, Scope Ratings advierte de una cultura del litigio en España. La agencia cree que pese a lo favorable de la sentencia las reclamaciones por gastos hipotecarios no van a parar y recuerda que la sentencia del Supremo aún se puede recurrir en la Corte Europea.
En este sentido, ADICAE anima a los consumidores que vayan a firmar hipotecas que negocien bien todas las condiciones frente a estas abusivas cláusulas de las entidades en los “contratos de adhesión”. La asociación recuerda que el Supremo no se ha pronunciado sobre los gastos de Gestoría, Registro y Notaría, que la Audiencia Provincial sí que había estimado que debían restituirse al cliente.
ADICAE recuerda que el resto de gastos de la hipoteca son totalmente reclamables y suponen entre la mitad y dos tercios del gasto en impuestos, sabiendo que la propia normativa española y la europea de protección de los consumidores en los contratos masivos y de adhesión nos ampara.
La nulidad de la cláusula que impone los gastos de Notaría y Registro ha quedado consolidada, y la distribución del importe del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) podría aún verse corregido en Europa.
