El Gobierno continúa sin querer darle una salida digna al corralito de las participaciones preferentes que vendieron aquellas entidades que ahora administra el Estado a través del FROB. Así lo ha corroborado el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien cínicamente ha indicado que los afectados tendrán que “contribuir a la reestructuración” de cada entidad, como si la banca no hubiera intentado ya recapitalizarse a costa de los afectados a los que, mediante engaños, consiguió colocarles estas participaciones preferentes en lugar de los depósitos a plazo fijo que querían la inmensa mayoría de los afectados.
Luis de Guindos se escuda en una supuesta normativa europea de Competencia para justificar que las entidades intervenidas por el FROB no hayan ofrecido canjes o recompras de las preferentes por otro tipo de productos más líquidos y menos complejos y tóxicos como puedan ser, por ejemplo, los depósitos.
«Cualquier entidad financiera en proceso de reestructuración debe cumplir con la norma europea», ha reiterado De Guindos, quien ha recordado que esa normativa establece que «la empresa y los titulares de participaciones deberán contribuir a la reestructuración» de la compañía. El responsable de Economía echa balones fuera indicando, de manera lamentable, que «la colocación de preferentes se produjo en 2009, cuando dejaron de comprarlas las instituciones y este ministro no tenía responsabilidad».
Lo que realmente dice el memorandum
Sin embargo, analizando el documento de condiciones del rescate a la banca española, el Eurogrupo en ningún momento prohibe a las autoridades españolas ofrecer canjes por productos más líquidos como pudieran ser, por ejemplo, depósitos… aunque ADICAE seguirá peleando en todos los frentes abiertos –judicial, social y político- para conseguir que las entidades devuelvan todos los ahorros inicialmente invertidos.
En el apartado 17 del documento se indica que “después de la asignación de las pérdidas a los accionistas”, las autoridades españolas deberán redactar medidas “de reparto de la carga de los titulares de capital híbrido –participaciones preferentes, entre otros productos- y deuda subordinada de los bancos que reciben capital público”. Es decir, será el Gobierno quien tendrá la última palabra en este caso.
Es más, se insiste en que “a finales de julio de 2012” las autoridades españolas tendrán que “identificar los pasos legales que se necesitan para establecer este marco regulatorio, por lo que su adopción puede ser completada a finales de agosto de 2012”. Es decir: Si finalmente se aprueba una prohibición para que las entidades intervenidas por el FROB canjeen las preferentes por depósitos, no será por imposición del Eurogrupo, sino por iniciativa propia del Gobierno español que, lamentablemente, sigue pareciendo estar al servicio del lobby financiero en lugar de la ciudadanía.
ADICAE acudirá a los juzgados a principios de septiembre en caso de que las entidades financieras o el Gobierno no aporten una solución a los afectados por las llamadas participaciones preferentes. Más de un millón de familias están afectadas en toda España por la venta de este tipo de productos por parte de las entidades financieras, que han vulnerado la normativa europea MiFid que prohibe su comercialización a usuarios de a pie sin conocer su carácter complejo y de alto riesgo.
