Para el nuevo equipo de gobierno, los problemas de los consumidores parecen limitarse a “comer seguro”. Sin restar ni mucho menos importancia a esta cuestión, lo cierto es que hoy día los problemas de los consumidores tienen que ver muy especialmente con aspectos económicos. Así lo demuestran año tras año los datos del Consejo General del Poder Judicial (sobre número de embargos hipotecarios), los Informes del Defensor del Pueblo (que vienen advirtiendo de los masivos problemas en el ámbito financiero y de otros servicios de interés general como telefonía), etc.
Un síntoma de la despreocupación
No es lo preocupante que las políticas de protección a los consumidores a nivel estatal se hayan derivado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (que se denominará Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria), sino el ser todo un síntoma de la escasa imaginación y la nula voluntad política a la hora de tratar estos temas con el alcance que requiere. ¿Podemos esperar nuevos impulsos a una política poco a poco degradada, y que no ha merecido más atención a los poderes públicos que cuando hay un escándalo financiero que atrapa a decenas de miles de consumidores?
Para los poderes políticos los consumidores han merecido una consideración política marginal
El Instituto Nacional del Consumo (y administraciones de consumo en comunidades autónomas) son los últimos de la fila de los cargos políticos y los de menos presupuesto en las Administraciones Públicas. El cambio de nombre del Ministerio hace unos años, y ahora su deriva hacia un organismo donde sus cometidos quedan diluidos traduce esa falta de preocupación y una sensación de fracaso. Ningún dirigente político, ni desde el Gobierno ni la oposición, ha tomado conciencia de que el movimiento de consumidores y la protección de sus derechos forman parte del núcleo de los derechos ciudadanos a proteger eficazmente en una verdadera democracia participativa.
La protección de los consumidores debería estar en el Ministerio de Economía
ADICAE sigue reivindicando que los problemas de los consumidores exigen su ubicación natural dentro del ministerio de Economía, tanto por ser ésta la naturaleza de las respuestas que deben darse, y más en un contexto de crisis, como por ser el punto de relación con los organismos reguladores, banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros, todos ellos responsables del control de un mercado financiero que ha fracasado completamente y que exige replantearse.
