Durante los últimos años, la banca ha iniciado una serie de campañas para lavar su imagen y ‘ayudar’ a aquellos que han perdido su única vivienda o se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria. En el caso del BBVA, que el año pasado lanzó un Plan para ayudar a familias desahuciadas por la entidad que incluía 32 millones de euros en ayudas económicas, entre 200 y 400 euros, mensuales y atención personalizada por parte de la Fundación Adecco para encontrar trabajo.
Una iniciativa que únicamente ha beneficiado a 224 clientes, de los cuales el 17,41% ha de ellos ha encontrado un empleo, es decir, 39 personas frente a las decenas de miles desahuciadas por BBVA. Un ejemplo de que la problemática hipotecaria exige una solución más profunda y que debe impulsarse desde la administración, como sería la creación de un procedimiento concursal específico que dé una segunda oportunidad a los consumidores o una moratoria de tres años, como propone ADICAE.
A principios de marzo del 2013, BBVA anunció su nuevo Plan de ayudas a clientes de la entidad que habían perdido su única vivienda, muchos de ellos a manos de la propia entidad. El banco les ofrecía ayudas económicas entre 200 y 400 euros mensuales durante 24 meses y formación y orientación para la búsqueda de empleo con la Fundación Adecco. Los beneficiarios debían de ser, además, personas en situación de especial vulnerabilidad, como mayores de 45 años parados de larga duración, dependientes, víctimas de maltrato, discapacitadas o que formen parte de una familia numerosa. Tras un año, este plan ha beneficiado a 224 clientes del BBVA y el 17,41% (39 personas) de ellos ha encontrado empleo.
Este caso es un ejemplo de como las medidas impulsadas por la banca son insuficientes y escasas para encontrar una solución a las cientos de miles de familias que han visto embargados sus hogares. Esta solución podría haber sido la reforma de la Ley Concursal recogida en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de 2013, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, pero no fue así. Este proceso, al que pueden acogerse los consumidores y que en cambio no lo hacen porque aboca a una penosa situación personal que acaba en muchas ocasiones en la plena liquidación y ruina absoluta de la persona concursada, no ofrece una garantía al consumidor en la protección de sus derechos, además de que resulta excesivamente caro porque es un proceso pensado para las empresas y sólo accesible para las familias con un alto nivel de renta. La Ley Concursal tampoco asegura el mantenimiento de la vivienda, ya que sólo garantiza su inembargabilidad si la vivienda está sujeta a una actividad empresarial.
Por tanto, los cambios no supusieron una autentica respuesta al problema del sobreendeudamiento hipotecario porque continúa sin poderse paralizar la ejecución de la hipoteca ni se perdona la deuda, en tanto que se considera deuda garantizada, pero una vez ejecutada la hipoteca, si queda deuda pendiente, se considerará un crédito ordinario y podría condonarse. El artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil también recoge otras posibles vías para conmutar la deuda hipotecaria pendiente, concretamente dice que si el deudor paga en 5 años el 65% de la deuda, se le exime de pagar el 35% restante, y si en 10 años paga el 80%, entonces no tendrá que abonar el 20%.
La crisis ha ocasionado que miles de familias pierdan sus fuentes de ingresos y, con ello, se han visto incapaces de hacer frente a los gastos hipotecarios. Por esta razón, es necesaria una reforma que garantice los derechos del deudor consumidor en dos ámbitos: lograr que el concurso de personas físicas no desemboque en ruina o un continuo círculo de concursos y reapertura de los mismos, manteniendo una constante inseguridad jurídica a los consumidores; y fomentar la protección a la vivienda con garantía hipotecaria y posibilidad de extinción total de la deuda en la parte no pagada por inexistencia de bienes. ADICAE elaboró una propuesta de texto para la creación de un procedimiento concursal y una propuesta de moratoria de tres años que protegiera los derechos de los consumidores, les garantizara una vivienda y un tiempo de respiro para poder rehacer su vida laboral; propuestas que continúan defendiéndose y exigiendo a los organismos de Gobierno.
