Eran pisos en los que vivían familias, inmuebles con los que la banca ha venido maximizando ganancias a costa de los consumidores. Y ahora, tras los embargos y las subastas, son carroña sobre la que se posan fondos buitre a coste de derribo. El Sareb está negociando para cerrar la primera venta de todo un paquete de inmuebles a través de Fondos de Activos Bancarios (FAB), una fórmula novedosa importada de otros países, según informan diversas fuentes sindicales y financieras citando al diario El País. A pesar de que el 80% de los activos de Sareb son financieros, este primer paquete está compuesto fundamentalmente por viviendas embargadas.
Lo llamarán “cartera Bull”, Toro, con un valor que ronda los cien millones de euros. Y la herramienta de gestión es la creación de este FAB, un tipo de fondo de inversión por el cual el Sareb permanece como socio reduciendo su volumen de inversión, y recurre a inversores institucionales que asumirían la gestión de estos activos y competirían con bancos e inmobiliarias en el mercado minorista una vez que ponga a la venta el paquete de inmuebles Toro. Estos inversores se quedan con esos pisos a precio de saldo, en unas condiciones sistemáticamente negadas a los particulares. Y su reventa generará unas plusvalías que no mejorarán la economía real del país.
Paraíso fiscal
No contentos con la idea de buscar fondos buitre para dar salida a este stock de vivienda de segunda mano, los responsables de este FAB venden sin rubor un “tratamiento fiscal muy favorable”, al nivel de un paraíso fiscal. Según la información referida, “Los FAB tributan al 1% en el impuesto de sociedades y la transmisión de esos activos desde Sareb al FAB está exenta del impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados. El inversor estará, además, exento del pago del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, si no lo es ni tiene establecimiento permanente en España”. Nada que ver con lo que sufren los consumidores a la hora de entrar en el mercado inmobiliario.
El Sareb quiere que este fondo sea administrado por una sociedad con experiencia, y que esté registrado en el Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y sobre todo quiere que este instrumento sea eficaz, sirva para generar recursos inmediatos y permita a la sociedad pública guardarse un porcentaje que le permita participar de futuros beneficios. Si la cosa “sale bien”, en los próximos meses se podrían constituir otros FAB, alguno de ellos centrado en carteras de suelo, que implicarían proyectos de urbanización y nueva edificación; no se espera que estos FAB sirvan de palanca de un nuevo ‘ladrillazo’, pero sí podrían introducir desajustes añadidos en un mercado, el inmobiliario, lleno de abusos hacia el consumidor.
