La CNMC contabiliza 1,1 millones de beneficiarios del bono social eléctrico, el descuento que las comercializadoras aplican en su recibo energético a consumidores con cierto nivel de vulnerabilidad. Las propias cuentas del supervisor cifran en 5 millones las familias que podrían acceder a estas bonificaciones, con lo que cuatro de cada cinco posibles beneficiarios no disfrutan de estos descuentos. En el origen del desajuste, un proceso de solicitud farragoso y burocratizante, que debe renovarse además periódicamente, y que se encuentra con las trabas de las propias compañías; al final, los consumidores desisten. En estos momentos de angustia energética, el Gobierno lanza globos sonda con una reforma del bono social. Cabrá ver en qué se concreta.
Hasta cinco millones de familias con ingresos en el entorno del ‘mileurismo’ pueden solicitar descuentos de un 25% en su factura de la luz. Eso sí, deben permanecer en el llamado precio regulado (PVPC), la antigua tarifa de último recurso que ahora comercializan apenas un puñado de las centenares de empresas que operan en España. Estas eléctricas, que pertenecen a los grandes grupos energéticos del país, dificultan y retardan la tramitación de las ayudas, que deben renovarse cada dos años, desincentivando las solicitudes. La mitad de los beneficiarios del bono social han desistido de renovarlo en los últimos cinco años.
Así las cosas, en este magma burocrático y ante las subidas de la electricidad, se fomentan agresivas políticas comerciales que tienen como objetivo trasladar a los usuarios al mercado libre, hurtándoles su derecho a solicitar el bono social. El boletín de la CNMC cifra en 10,6 millones los consumidores en precio regulado (PVPC), frente a los más de doce millones que tenían esta tarifa hace cinco años. Los últimos datos, además, son de marzo de este año, a la espera del impacto que pueda tener el cambio del cálculo de tarificación del mes de junio.
Un impacto que, previsiblemente, será importante. Las intensas campañas de comercialización telefónica y online, que directamente aluden a la angustia por la falta de control del precio de la materia prima eléctrica, se han trasladado ya al ámbito mediático. Endesa y Naturgy acaban de lanzar sendas campañas de comunicación anunciando tarifas planas con precio estable con el objetivo de trasladar directamente a la opinión pública su estrategia de «estabilización de precios». Autoridades y reguladores siguen recordando que las tarifas planas de las eléctricas siguen siendo más caras que los recibos de un hogar medio en precio regulado.
Pero los consumidores observan con preocupación cómo en apenas unos pocos meses las reglas del juego en el consumo energético han cambiado, a peor para ellos. El recibo eléctrico se incrementará un 20% este año, tal y como confiesa el propio Gobierno. Y no hay garantías de que la situación mejore en los próximos meses. O se toman decisiones que incidan directamente en el recibo de la luz de las familias, o las eléctricas tendrán servida, sobre la mesa, una avalancha de solicitudes de cambio de contrato que prioricen la ‘seguridad’, la sensación de estabilidad, que proporciona una tarifa plana más cara, menos favorable al usuario, con gastos añadidos abusivos o no solicitados, pero que le permitirán al consumidor medio saber cuál será su factura eléctrica al menos a medio plazo.
