La reciente Junta de Accionistas de Iberdrola sirvió, además de para certificar que el ‘Día del Accionista’ no era sino una pantomima a mayor gloria del presidente, José Ignacio Sánchez Galán, para aprobar la conformación de un nuevo Consejo de Administración copado por directivos de banca y políticos. La mayoría de ellos son consejeros externos independientes, personas que supuestamente tienen una gran cualificación y amplio recorrido profesional y forman parte del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en Bolsa, aunque no están obligados a ser accionistas de la empresa. Deberían representar a los pequeños accionistas de la empresa que no forman parte de ningún grupo de control sobre la misma.
Los consejeros independientes tienen la función de supervisar al Consejo de Administración, mostrar y defender los intereses del capital flotante. Sin embargo, la aglutinación de políticos y banqueros en Consejos de Administración como el de Iberdrola parece responder más a una acción de lobby que a la defensa de los intereses de los pequeños accionistas. En el Consejo de Iberdrola solo hay dos consejeros que pueden considerarse puramente expertos en energía.
Estos son sus nombres
Sin duda el caso más sangrante es el del consejero ‘independiente’ Ángel Acebes, ministro de Administraciones Públicas (1999-2000), de Justicia (2000-2002) y de Interior (2002-2004), consejero de Caja Madrid Cibeles (2008-2011) y de Banco Financiero y de Ahorros (2011-2012), Acebes está ahora imputado en el ‘caso Bankia’ y está vinculado con los famosos ‘papeles de Bárcenas’.
Braulio Medel es presidente ejecutivo de Unicaja desde 1991, preside la Federación de Cajas de Ahorros de Andalucía y ha sido presidente de Ahorro Corporación y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), en la que actualmente es vicepresidente, y también vicepreside la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros. Asimismo ha sido viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y presidente de la Fundación Bancaria Unicaja. El de Medel es un vergonzoso ejemplo de ‘puertas giratorias’.
Xabier de Irala, desde 2005 fue presidente de BBK entre 2003 y 2009. Bajo su mandato se ahondó en la crisis de las cajas vascas, y BBK tuvo que acabar fusionándose con Kutxa y Caja Vital, creando la actual Kutxabank. También fue consejero de CajaSur Banco. Xabier de Irala es consejero dominical de Iberdrola. Un consejero dominical forma parte del Consejo de Administración representando a empresas que sean accionistas de la entidad en cuestión. En este caso representa a BBK, por lo que defiende los intereses en Iberdrola de esta entidad financiera.
Inés Macho, consejera independiente desde 2006, fue miembro del Consejo Asesor del Servicio de Estudios de La Caixa entre 2008 y 2011. Vinculados a la política y a la banca también están Julián Martínez – Simancas, abogado del Estado, fue director general de la Comisión Directiva de Banco Santander (1978-2002); y Rafael Mateu, abogado del Estado y presidente de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de Bankinter.
Por su parte la consejera independiente Georgina Kessel fue presidenta de la Comisión Reguladora de Energía mexicana, secretaria de Estado de Energía de México o consejera de Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior), entre otros cargos en el sector público mexicano. La consejera independiente Denise Holt ha sido primera secretaria de la Embajada de Reino Unido en Brasil, embajadora de Reino Unido en México y España…y presidenta de M&S Financial Services, filial de HSBC Bank. También está en el Consejo José W. Fernández, ex subsecretario de Estados Unidos para Asuntos Económicos, Empresariales y de Energía, entre otros cargos en la administración pública. Finalmente Rafael Sebastián fue responsable de los Servicios Jurídicos y secretario general del Consejo de Administración de Citibank España.
Malas prácticas toleradas por el poder político
Los consejeros ‘independientes’ de Iberdrola distan mucho de tener una independencia plena, ya que no solo han ocupado, a dedo, puestos de responsabilidad política o financiera -lo que les ha permitido tejer una importante red de contactos e intereses-, sino que mantienen en muchas ocasiones puestos de relevancia en diferentes empresas, por lo que utilizan su red de influencias para velar por los intereses de la empresa en lugar de hacerlo por los de los pequeños accionistas, a los que deberían representar.
Que representantes del poder político ocupen puestos de responsabilidad en estas empresas debería servir para poner fin a sus malas prácticas. Nada más lejos de la realidad, parece que estas personas solo ocupan estos puestos para cobrar y aburrirse, tal y como reconoció el ex presidente del Gobierno Felipe González, consejero de Gas Natural.
Iberdrola realiza numerosas malas prácticas, que llevan a que la compañía concentre la mitad de todas las reclamaciones eléctricas ante la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Malas prácticas que ADICAE denunció en la Junta de Accionistas de Iberdrola, como estas:
– La incitación a sus clientes para contratar la “tarifa plana” con la excusa de evitar sobresaltos en su facturación sin advertirles que a cambio el importe final será mayor.
– El envío de comunicados informando a algunos clientes de que se ha detectado una manipulación de su contador y que se les aplica una elevada sanción económica sin respetar las garantías que la normativa establece para estos casos, quedando el cliente en una total indefensión.
– La extendidísima práctica de trasladar a los consumidores del mercado regulado al mercado libre sin el consentimiento del cliente.
– El uso de comerciales a comisión fomentando un sistema que permite el engaño a los consumidores.
– El traslado de una información insuficiente y a veces engañosa a los clientes para que contraten tarifas planas que no se ajustan a su consumo.
– El trato ofrecido a las personas que tienen dificultades para pagar las facturas. Iberdrola corta la luz, por impago, sin los avisos fehacientes que marca la legislación.
– La condena ya firme del Supremo a resarcir con 20 millones de euros a Hidrocantábrico por negarle en su día el acceso a la red eléctrica.
– La mala práctica de imponer sobrecargos económicos por manipulación de elementos de medida, donde ADICAE se plantea iniciar una demanda colectiva.
